Piden al menos 10 años de prisión por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos

Ceuta/ Un hombre —F.C.— y una mujer —H.C.— se han sometido este martes a una audiencia preliminar en la que no han aceptado el primer trato de la Fiscalía a cambio de reconocer los delitos que se le imputan; al menos cohecho, revelación de secretos por funcionarios públicos, blanqueo de capitales, y tráfico ilegal de medicamentos. Según fuentes cercanas al caso consultadas por este diario, el varón, que ha comparecido por teleconferencia, se enfrenta al menos a 10 años de prisión por los citados ilícitos, mientras que el Ministerio Público pide seis años de cárcel para la acusada.

De acuerdo con la información desprendida en esta audiencia preliminar, la denuncia que dio lugar a la apertura del caso habría partido de la madre de un conocido narcotraficante asesinado en estos últimos años, una demanda que luego fue amparada y ampliada de oficio por la Fiscalía. La acusación implicaba a la mujer sentada en el banquillo —expareja del fallecido—, que habría manejado "un patrimonio desproporcionado" (consistente en bienes inmuebles y vehículos) y "sospechoso" para las autoridades al carecer de un trabajo reconocido.

Por otra parte, el hombre implicado, funcionario de profesión, habría "ayudado" a la mujer en la supuesta evasión de impuestos y desvío de capitales al menos realizando búsquedas en bases de datos policiales para determinar si ella estaba siendo investigada.

Las pesquisas policiales concluyeron en la entrada y registro de ambas viviendas, tanto del varón como de la mujer, si bien no se encontró nada punible en ellas. También les fueron intervenidos los teléfonos móviles, y las defensas han esgrimido que en ambas actuaciones las autoridades habrían incurrido en la vulneración de los derechos fundamentales de sus patrocinados: derecho al secreto de las comunicaciones, a la inviolabilidad del domicilio, a la intimidad, o vulneración del principio de proporcionalidad.

Tras la finalización de la audiencia preliminar, el tribunal ha decidido suspender el procedimiento sine die por dos razones. En primer lugar, se tendrá que determinar que en el juicio se persone el abogado que representa los intereses de la denunciante como acusación particular (como actualmente así se encuentra) o como acusación popular, ya que varios de estos delitos que imputa la Fiscalía no habrían sido cometidos contra su cliente.

En segundo lugar, la presidenta de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta, Rosa de Castro, también ha suspendido la vista para determinar si el procedimiento continúa como un juicio ordinario o si lo juzga un jurado popular (un tribunal compuesto por nueve ciudadanos legos en derecho) porque el principal delito que se atribuye, el de cohecho, tendría cabida para resolverse con un tribunal del jurado.

Por ambas razones, las defensas han solicitado la nulidad del procedimiento, si bien estas peticiones no se han admitido.