CRISIS MIGRATORIA / TRIBUNALES
Piden cuatro años de prisión para un migrante acusado de atacar a militares con espray pimienta
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Este lunes ha quedado visto para sentencia un juicio en el que se acusa a un marroquí —solicitante de asilo— de haber agredido a dos militares españoles no solo con violencia física sino usando un espray de gas pimienta. Según han apuntado a este diario fuentes judiciales cercanas al caso, la Fiscalía pide en total cuatro años de prisión por un presunto delito de atentado contra la autoridad agravado por el uso de un instrumento peligroso.
El Ministerio Público también ha solicitado que esta pena se le conmute por una orden de expulsión al país vecino, así como una prohibición de acceder a territorio español por un periodo de 10 años; dada su situación administrativa irregular y en virtud al acuerdo bilateral suscrito entre ambos países para este tipo de casos.
El varón, que entró en Ceuta junto al grueso de personas que cruzaron la frontera a finales de julio, alega que él fue el agredido por ambos militares y que cuando fue detenido y pasó a disposición judicial la profesional de traducción de la lengua árabe que lo asistió en el juzgado “se negó a traducir su versión de los hechos”, por lo que no pudo interponer una denuncia contra los soldados. “La traductora le decía que se conformara con la pena, para que fuera expulsado”, ha expuesto su abogado, el letrado Yoel Rio, este lunes ante la magistrada de la plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta.
Los hechos se remontan a las primeras horas de la madrugada del pasado 7 de septiembre y tuvieron lugar en los asentamientos de migrantes en torno a los centros de acogida del polígono del Tarajal. Según la información que ha trascendido durante la vista, aquella noche estaban haciendo patrulla los dos militares que han declarado en el juzgado, quienes fueron alertados de que allí “se estaba montando jaleo” o que “se estaban produciendo robos”. Cuando llegaron al lugar comenzaron a identificar y a registrar a personas pero, según la versión de los denunciantes, el acusado “opuso resistencia”.
Supuestamente “se abalanzó” al primer militar que ha declarado, si bien entre un número mayor de soldados —al menos cinco— lograron reducirlo y detenerlo utilizando “la fuerza imprescindible”. Durante el forcejeo el investigado accionó un bote de espray pimienta que habría llevado en el bolsillo; sin llegar a apuntar a los denunciantes. Desde entonces cumple prisión provisional a la espera de sentencia.
Los militares cuentan con un parte de lesiones que recoge que sufrieron irritación en los ojos, toses y una reacción alérgica en los antebrazos. Por otro lado, el acusado ha aportado otro informe médico que recoge heridas y moratones en la cabeza y una afectación más grave en los ojos, así como la pérdida de un diente como consecuencia del altercado.
El varón ha relatado que se limitó a entregar su documentación de solicitud de protección internacional, un papel que luego los militares le habrían roto. “Le dieron patadas en el suelo y siguieron y siguieron rociándolo con el espray”, ha relatado el traductor, mientras que, entre lágrimas, el investigado hacía los gestos de las patadas y del uso del instrumento.
Su letrado ha conseguido hacer dudar al tribunal de si la actuación fue proporcional y legítima, ya que en el atestado no figuran víctimas ni denunciantes identificados por ningún robo. También ha puesto en cuestión el origen del aerosol que se ha aportado al juzgado como arma del supuesto crimen, ya que no ha existido una cadena de custodia que acredite su procedencia.
Precisamente este lunes ha sido condenado otro marroquí en situación irregular con nueve meses de prisión por haber opuesto resistencia en su detención ante otros tres militares, y con una multa de tres euros diarios que deberá abonar durante el próximo mes. La Fiscalía, que había solicitado una condena superior por un illícito de atentado contra la autoridad, estudiará si recurre la sentencia, que en cualquier caso será conmutada por la expulsión del acusado a su país de origen.
En esta vista los denunciantes también han declarado que actuaron alertados porque un menor les dijo que el condenado les estaba robando y extorsionando; y en el procedimeinto también se ha mencionado una riñonera sustraída, si bien el Ministerio Público no ha incluido estos últimos ilícitos en su escrito de acusación.
Dos migrantes más se han sentado en el banquillo este lunes por otro procedimiento similar a los anteriores descritos. Los dos varones, uno marroquí y otro tunecino y ambos también detenidos después de los cargos que se le imputan, habían llegado a Ceuta durante la entrada masiva.
Están acusados de robarles a otro migrante al menos un teléfono móvil, una maquinilla de afeitar y una cantidad de dinero que no ha trascendido durante el procedimiento. En la denuncia también consta un parte de lesiones, así como que los acusados habrían amedrentado a la víctima usando palos o algún instrumento alargado.
El tunecino ha declarado en primer lugar y se ha defendido de los cargos diciendo que él fue el día de autos a denunciar el robo de una cantidad de dinero que sus familiares le habían enviado desde su país por medio de un cheque. Ha recordado que alguien le dio entonces un zumo que le hizo marearse y le provocó “muchas ganas de dormir”. Al despertarse no tenía el dinero.
El acusado de nacionalidad marroquí también ha relatado que fue a denunciar un robo y que él no es la víctima; aunque ha reconocido que en ese momento sí precisaba de una muleta para poder moverse, lo que cuadraría con el instrumento utilizado en el robo denunciado.
“El que me ha acusado miente y ha llevado a la cárcel a más personas. Pido que se haga justicia”, ha concluido su declaración en el ejercicio de su derecho a la última palabra antes de que el caso haya quedado visto para sentencia.
En otro juicio parecido, un acusado marroquí en situación irregular ha sido condenado con un año y medio de prisión por un delito de atentado contra la autoridad y a un año y un mes de cárcel más por un segundo ilícito de lesiones.
El varón ha reconocido ante el tribunal haber cometido los hechos que se le imputan, y la magistrada ha conmutado la pena privativa de libertad descrita por una orden de expulsión a Marruecos y una prohibición de entrada a territorio español durante los próximos cinco años.
Además de la pena de cárcel, se le ha impuesto abonar una indemnización de 4.527,3 euros a uno de los militares agredidos, que sufrió una lesión en un hombro, según han apuntado a El Pueblo fuentes judiciales cercanas al caso.
Al igual que el resto de vistas celebradas este lunes y recogidas por este diario, los hechos también transcurrieron a principios de septiembre, y desde entonces el acusado cumplía prisión provisional a la espera de juicio.
Desde la entrada masiva, la Fiscalía ha cambiado su criterio para descongestionar la cárcel de Fuente Mendizábal y ahora solicita conmutar la totalidad de la pena por la expulsión inmediata. Antes los condenados se enviaban a Marruecos cuando cumplían dos tercios de la condena.
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