Piden prisión por estafas en el pago de documentos para conseguir el permiso de residencia

Tres acusados se enfrentan a una pena de al menos cinco años de prisión por supuestamente haber estafado monetariamente a al menos siete personas marroquíes, quienes los denunciaron después de haber perdido miles de euros que les hubieran pagado a los procesados para renovar la documentación necesaria de cara a adquirir un permiso de residencia en España, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al procedimiento.

En la mañana de este martes 9 de junio estaba previsto que se celebrase el comienzo del juicio en la sala de vistas de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, si bien la presidenta del órgano, la magistrada Rosa de Castro, ha suspendido el mismo por la incomparecencia de uno de los acusados.

Este varón estaba preso por otra causa hasta hace pocos días de la audiencia preliminar que debía haber tenido lugar este mares, pero los operadores jurídicos han constatado sobre la marcha que el acusado había quedado en libertad el pasado sábado 6 de junio.

Estaba prevista su comparecencia desde el centro penitenciario por videoconferencia, pero al no encontrarse allí deberá ser puesto en busca y captura para garantizar su personación en el juicio, que ha sido señalado a mediados de septiembre.

Según ha podido saber El Pueblo por medio de las referidas fuentes, tanto otro varón como el que estaba preso y la madre de este último están acusados de haberse puesto de común acuerdo para supuestamente engañar a los denunciantes —“personas vulnerables no solamente por ser extranjeras, sino también por sus inexistentes capacidades económicas”— al prometerles que les ayudarían a obtener documentos necesarios para obtener en un futuro el permiso de residencia en España.

Al menos 12.000 euros

Entre las acciones que debían pagar las personas afectadas para la gestión de su documentación figura la renovación de pasaportes marroquíes que ya les habían caducado y que habría de tramitarse a través de contactos con un consulado del vecino país en territorio español. De esta manera, una de las mujeres afectadas llegó a abonar hasta 12.000 euros con esta finalidad, si bien no obtuvo su recompensa.

Estos supuestos hechos, enjuiciados desde el año 2023 por el Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad autónoma, casan con los delitos por los que las acusaciones solicitan las penas privativas de libertad: el ilícito de estafa, por usar el engaño con ánimo de lucro; y el de asociación ilícita (o de integración de grupo u organización criminal), formada y sostenida en un tiempo determinado para delinquir con un mínimo reparto organizativo de tareas.

En la audiencia preliminar que tenga lugar en septiembre las partes tendrán su turno para presentar nuevas pruebas o para pedir más informes periciales en las cuestiones previas de un procedimiento que deberá celebrarse más tarde; o bien tendrán la oportunidad de llegar a un acuerdo de conformidad que haría que las acusaciones rebajasen las penas solicitadas inicialmente a cambio de que los procesados reconozcan los cargos que se les imputan.

Además de testigos y peritos, está previsto que declaren los agentes de la Policía Nacional que han investigado los hechos denunciados.