Piden seis años de inhabilitación a dos cargos del Puerto por presuntas irregularidades en un proceso de selección

Ceuta/ La acusación particular ha solicitado seis años y un día de inhabilitación para el ejercicio de sus empleos públicos para dos altos cargos de la Autoridad Portuaria de Ceuta —J.C. y P.S.— que participaron en un proceso de selección de funcionarios en 2020. Ambos, el primero hombre y la segunda, mujer, fueron miembros del tribunal que elegiría a los nuevos jefes de la Policía Portuaria ese año, pero el procedimiento fue denunciado, primero en el Juzgado de lo Social y luego de manera penal, por una presunta irregularidad que constituiría sendos presuntos delitos de falsedad en documento público.

El juicio, celebrado en su totalidad este miércoles en la sala de vistas de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, ha quedado visto para sentencia tras las declaraciones de varios testigos y peritos.

El procedimiento se ha centrado principalmente en determinar si todas las firmas de las actas del tribunal las había realizado la mujer, algo que dos peritos judiciales calígrafos han negado y solo el perito de parte ha amparado elaborando un informe crítico para cada documento de los otros dos compañeros. El hombre está acusado por actuar de fedatario en el documento controvertido en cuestión.

Los testigos que han declarado fueron miembros de ese tribunal en 2020, y todos han manifestado prácticamente lo mismo. El procedimiento era reunir el tribunal en una sala y el secretario tomaba unas notas de esta reunión para redactar el acta. Luego, el mismo secretario —el acusado, J.C.— iba llamando a su despacho personalmente a los miembros del tribunal uno por uno para que firmaran el acta si estaban de acuerdo con su contenido. En el procedimiento en concreto no hubo controversias y todos lo firmaron. Finamente, el propio secretario custodiaba el documento en su despacho y bajo llave.

Los peritos judiciales han declarado por videoconferencia, y han sostenido tras el análisis de 12 firmas que algunas no fueron realizadas por la acusada —P.S.—. En cambio, el perito de parte realizó informes críticos sobre las periciales de estos profesionales, y ha defendido tanto con su propio informe como con su declaración que los análisis de sus compañeros no se han ajustado a un protocolo, en base a sentencias del Tribunal Supremo.

La crítica de este último perito también se ha centrado en que los anteriores habían llegado a sus conclusiones a partir de las pruebas caligráficas practicadas sobre una fotocopia y no sobre los documentos originales, así como del uso de herramientas de la “vieja escuela” como un microscopio o una escuadra en lugar de la inteligencia artificial, una tecnología que usan actualmente los calígrafos.

Ambos acusados han negado haber cometido un fraude en el procedimiento y han explicado que están sentados en el banquillo por la denuncia de una persona que quería conseguir la nulidad del procedimiento de selección para volver a presentarse, pero que necesitaba una sentencia condenatoria penal (“algo más fuerte”) para conseguir paralizar el trámite y volver a presentarse al puesto.

Su defensa se ha basado en desmentir los informes de los peritos judiciales, al igual que la actuación del perito de parte. En la misma línea, ha sostenido que la mujer es la víctima del delito si su firma hubiera sido falsificada. En opinión del letrado, la acusación particular no ha realizado una investigación completa para acreditar el delito.

Curiosamente, y por no ser habitual en este tipo de vistas, la Fiscalía no ha presentado un escrito de acusación para este procedimiento al no ver una conducta delictiva en estos hechos por no considerar que exista un dolo.

En opinión del Ministerio Público, el documento que generó la controversia es de un órgano colegiado y el contenido del acta depende de la voluntad de todo un tribunal, que dio el visto bueno de este contenido. “Si hubieran querido demostrar el delito no habría dos acusados, debería estar acusado todo el tribunal”, ha explicado el fiscal, que ha pedido una sentencia absolutoria al igual que la defensa.

El juicio ha quedado visto para sentencia tras varias horas y con un público conformado por una veintena de personas.