Una policía trans denuncia “anomalías graves” en una instrucción que habría “ignorado" sus pruebas de descargo

Ángela Rafaela Borrego (Ceuta, 1978) es una agente de Policía Local transgénero de la ciudad autónoma que ha vivido un proceso judicial que califica de “irregular”. Tras una denuncia “reactiva” de su expareja, una militar de profesión, esta agente de la Policía Local permaneció 11 meses en prisión provisional.

Aunque se encuentra en libertad desde enero de 2025 y a la espera de juicio, la agente ha conversado con este diario para denunciar lo que considera “anomalías graves” tanto en la decisión judicial que motivó su encarcelamiento como en una instrucción que, según afirma, ha dejado de investigar puntos clave y ha impedido la presentación de pruebas determinantes para su defensa.

Uno de los aspectos más críticos que denuncia Rafaela es la gestión del Juzgado de Instrucción nº4 de Ceuta durante el procedimiento. La agente asegura que la instrucción ha sido sesgada e incompleta, omitiendo diligencias fundamentales que habrían permitido esclarecer los hechos desde el inicio.

Según sostiene la acusada, la magistrada a cargo no ha permitido que se aporten pruebas documentales y técnicas que, a su juicio, son determinantes para demostrar su inocencia. “Se ha producido una indefensión clara al rechazar sistemáticamente el material que desvirtúa las acusaciones de mi expareja”, afirma Rafaela.

Para la agente, esta negativa a investigar líneas de prueba que la exculparían constituye un incumplimiento de los deberes judiciales, al priorizar una única versión de los hechos y desestimar cualquier elemento probatorio que contradiga el relato inicial de la denunciante. En esta instrucción se habrían "omitido actos propios de la propia militar que contradicen los hechos denunciados de forma reactiva el 8 de febrero de 2024".

La misma instrucción, que finalizó en agosto de 2025, en su auto de transformación a juicio oral, ha manifestado hechos penales continuados que “nunca han sido instruidos ni acreditados de ninguna forma, de acuerdo a derecho”.

Según expone, en el procedimiento constan “numerosas anomalías desde su inicio” como la no notificación de inhibiciones por parte de los juzgados de instrucción número 3 y número 6, con grave indefensión al derecho de defensa.

Igualmente el procedimiento llevado por el juzgado de instrucción número 4, independientemente de ser defendido por la representación letrada de Rafaela desde el inicio de que no es el juzgado competente, también se han denunciado “numerosas supuestas vulneraciones” al derecho de defensa y unas “graves dilaciones indebidas” de siete meses que causaron un perjuicio procesal y supuestas vulneraciones de derechos entre las que constan las lesiones causadas por la pulsera telemática.

El conflicto por los enseres y la vivienda

Los hechos que derivaron en su detención parten primer de un conflicto civil relacionado con la entrega de enseres tras la ruptura. Rafaela aclara que “los informes policiales demuestran que no hubo ilícito penal” por su parte. La agente explica que ella tenía el derecho de uso y disfrute de la vivienda principal, ratificado por una sentencia de modificación de medidas de 2020.

Afirma que su negativa a permitir la entrada de su expareja en la casa respondía a su derecho legítimo, especialmente ante intentos previos de su expareja de, supuestamente, “sustraer dinero de una caja fuerte y retirar bienes de la vivienda sin autorización”. Según los informes policiales presentados, Ángela Rafaela facilitó la entrega de los enseres trasladándolos fuera de la propiedad.

Denuncias cruzadas y “el incidente” del 19 de enero

El momento crítico ocurrió el 19 de enero de 2024. Rafaela niega rotundamente haber expulsado a su expareja por la fuerza, y ha aportado una grabación de vídeo a la causa para acreditar su versión.

Según su versión y la grabación de las cámaras, fue la militar quien entró en la vivienda contra su voluntad, utilizando la fuerza para acceder al jardín.

Rafaela sostiene que no hay ni ha habido nunca partes de lesiones por la otra parte, ni ninguna prueba que sostenga la denuncia, solo por parte de la acusada, que afirma que fue la agredida y cuenta con grabaciones que, según asegura, contradicen el relato de la denunciante.

Ante esta situación y otras denunciadas, fue ella quien “se vio obligada” a acudir a comisaría el 7 de febrero de 2024 para presentar la denuncia por estos hechos.

Tras su salida de prisión también ha denunciado a su expareja por supuestos malos tratos psicológicos, maltrato a los menores, apropiación indebida bancaria y “el temor de que su expareja se apropiara de fondos” que incluirían la fianza de una segunda vivienda.

“He estado rodeada de condenados por violencia de género, agresores sexuales y violadores”

Sobre su personación voluntaria el 13 de febrero de 2024, Ángela Rafaela asegura, así como aporta documentación que la respalda en este punto, que “nunca fue notificada oficialmente”, ni por parte del juzgado de guardia ni por el de violencia de género.

Relata también que, tras ser informada por un conocido de manera extraoficial de que sería detenida, ella misma se presentó voluntariamente en comisaría.

Respecto a la Valoración Policial de Riesgo (VPR) que motivó su ingreso en prisión, la agente ha sido tajante en sus palabras. “Dicho informe no puede aplicarse a su caso al no existir pruebas de delito alguno, antecedentes, denuncias previas o procedimientos anteriores a su cambio registral”.

Además, sostiene que la Policía “no tiene competencia para omitir su condición de mujer”, reconocida por resolución del Registro Civil ocho meses antes de la denuncia, ni para, “torticeramente”, aplicar e ignorar lo estipulado en el artículo 46.3 de la Ley Trans.

Estancia en prisión y nuevas pruebas

Durante su tiempo en prisión, Rafaela denuncia haber sufrido un trato vejatorio al ser ubicada en un módulo con hombres, a pesar de su identidad de género. “He estado rodeada de condenados por violencia de género, agresores sexuales y violadores”, ha recordado en ese aspecto.

En mayo de 2026, meses después de salir en libertad, Rafaela afirma haber hallado en su domicilio un pendrive con pruebas técnicas inéditas. Este material, sostiene, no solo “la exonera de la causa principal”, sino que le ha permitido interponer su propia querella contra su expareja por supuestos delitos de maltrato familiar, amenazas graves de muerte, coacciones y trato degradante.

Ángela Rafaela concluye que “su caso es un ejemplo de cómo una denuncia puede ser utilizada para neutralizar otras acciones legales como impedir la custodia compartida o conseguir un traslado laboral a otra ciudad”.

Ahora, con las nuevas pruebas documentadas, espera que la justicia esclarezca las “supuestas anomalías” cometidas contra ella y se reconozca después de casi 30 meses, su presunta inocencia.