Redondo alerta del retraso tecnológico de los archivos judiciales

Juan Sergio Redondo Pacheco, del Archivo Judicial, expuso este lunes en las jornadas Archiv-IA la situación de los archivos judiciales dentro del proceso de digitalización de la Administración de Justicia. Su intervención distinguió entre el avance del expediente judicial electrónico y la realidad de unos archivos que, según explicó, siguen funcionando con una regulación aprobada en 2003 y con una modernización mucho más limitada.

Redondo admitió desde el inicio la dificultad de encajar el archivo judicial en unas jornadas centradas en inteligencia artificial. “Hablar de archivo judicial e inteligencia artificial” le parecía, dijo, algo “distante” por el nivel en el que se encuentran estos centros. Por eso planteó la ponencia desde otra perspectiva: no tanto la aplicación directa de IA en los archivos judiciales, sino su posición dentro de una Administración de Justicia que sí ha avanzado en digitalización.

El punto de partida fue el Real Decreto 937/2003, de modernización de los archivos judiciales. Redondo recordó que esa norma ya parecía antigua cuando él llegó a la Administración de Justicia en diciembre de 2005. “Había nacido antiguo”, señaló al explicar que, más de veinte años después, sigue siendo el principal instrumento regulador de estos archivos.

El ponente recordó que, antes de ese real decreto, la documentación judicial se organizaba con referencias legales del siglo XIX, vinculadas a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. La aprobación de la norma de 2003 supuso entonces un avance, pero no llegó a consolidar un verdadero sistema archivístico judicial comparable al de otros ámbitos, como el de Defensa.

Redondo explicó que el real decreto dibujó una estructura con archivos judiciales de gestión, archivos judiciales territoriales y archivos judiciales centrales, estos últimos asociados al Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. El problema, según expuso, fue que ese diseño coincidió con el proceso de transferencia de competencias de Justicia a distintas comunidades autónomas, lo que dejó el modelo a medio desarrollar.

Esa situación ha generado un escenario desigual. Algunos archivos judiciales territoriales pasaron a depender de las administraciones autonómicas, mientras otros siguen vinculados al Ministerio de Justicia o pendientes de transferencia. Redondo citó esa provisionalidad como una de las causas de la falta de recursos y de la escasa incorporación de nuevas tecnologías en determinados centros.

“Cuando estás pendiente de transferencia, no se te dota de recursos”, vino a resumir durante su exposición. Esa falta de estabilidad administrativa, añadió, ha contribuido a que el archivo judicial quede en una especie de “limbo” mientras la Administración de Justicia avanza por otra vía con el expediente electrónico.

El ponente insistió en que no debe confundirse la digitalización de la Justicia con la digitalización del archivo judicial. El expediente judicial electrónico forma parte de un proceso normativo y tecnológico propio, pero ese desarrollo no ha llegado de la misma manera a los archivos encargados de conservar, organizar y gestionar la documentación judicial una vez finalizada su tramitación.

Para ilustrar esa distancia, Redondo se detuvo en la propia definición de digitalización incluida en la norma de 2003, que habla de convertir documentos en papel a soporte magnético u otro sistema que permita reproducirlos posteriormente en papel. A su juicio, esa formulación refleja una concepción antigua, pensada para escáneres, microfilmación, CD o soportes ópticos, lejos de las bases de datos, repositorios digitales y herramientas actuales.

El responsable del Archivo Judicial recordó incluso que en estos fondos todavía existen soportes como CD, VHS o Betamax, aunque en muchos casos ya no haya dispositivos disponibles para reproducirlos. Esa convivencia entre documentos físicos, formatos obsoletos y procedimientos poco actualizados explica, según expuso, por qué hablar de inteligencia artificial en este ámbito exige antes resolver carencias básicas de regulación, recursos y digitalización efectiva.