Sanz revela 19 mensajes del CNI pendientes de desclasificación
JUSTICIA
El ex jefe de gabinete del ex delegado asegura ante la jueza que recibió avisos sobre una posible entrada masiva en Ceuta y que trasladó la información a Triano
La investigación judicial sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio incorpora nuevos elementos después de la declaración de Gonzalo Sanz, quien fuera jefe de gabinete del anterior delegado del Gobierno en la ciudad autónoma.
Sanz habría comunicado a la jueza María Tardón la existencia de 19 mensajes intercambiados con un oficial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el 29 de julio, un día antes de los acontecimientos. Según fuentes del procedimiento, parte de estas comunicaciones permanece pendiente de desclasificación por parte del Gobierno.
En esos mensajes figuraban, según la declaración, advertencias sobre la existencia de grupos organizados a través de redes sociales y sobre la posibilidad de una entrada masiva desde Marruecos. Una parte de estas comunicaciones ya habría sido desclasificada previamente de forma parcial.
El teléfono de Sanz queda a disposición del juzgado
Al finalizar su comparecencia, la magistrada solicitó a Sanz que entregara su teléfono móvil para realizar un volcado de la información. La acusación popular ejercida por Iustitia Europa ha pedido que los mensajes con el CNI sean incorporados a la causa.
La jueza habría señalado a las partes que será necesario esperar a la correspondiente desclasificación del material por parte del Gobierno.
Sanz aseguró durante su declaración que trasladó al entonces delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, los avisos recibidos del CNI. Esta afirmación contrasta con la versión pública mantenida anteriormente por el delegado, que negó recordar la conversación en los términos expuestos por su antiguo jefe de gabinete.
Advertencias previas y falta de medios
El exjefe de gabinete habría defendido que la Delegación del Gobierno trasladó durante los días anteriores diferentes advertencias a las autoridades centrales ante el riesgo de una llegada extraordinaria de migrantes.
Según su testimonio, la preocupación se centraba especialmente en el posible colapso de los servicios de la ciudad. Sanz habría señalado que, aunque nadie esperaba una llegada de decenas de miles de personas, una cifra mucho menor ya podía generar una situación de emergencia.
También declaró que el 24 de julio elaboró un informe que calificó de especialmente contundente y que fue remitido por el delegado del Gobierno al Ministerio de Política Territorial. Sanz anunció que aportará este documento a la Audiencia Nacional.
En relación con el dispositivo desplegado en la frontera, situó los efectivos de la Policía Nacional entre nueve y doce agentes y los de la Guardia Civil entre cuatro y cinco.
Diferencias con el Gobierno central
Sanz también se refirió a las dificultades existentes entre la Delegación del Gobierno y distintas instancias del Ejecutivo central durante los días previos a la crisis.
Entre las cuestiones abordadas estuvo el comunicado conjunto publicado el 27 de julio por la Delegación y la Ciudad Autónoma de Ceuta sobre la saturación de los servicios de atención a menores y del CETI. Según su relato, el texto sufrió modificaciones durante su elaboración debido a discrepancias con Moncloa.
El exjefe de gabinete sostuvo asimismo que desde la Delegación se reclamaron distintas medidas, entre ellas medios de contención y cambios normativos relacionados con las expulsiones, sin que, según su versión, estas peticiones recibieran la respuesta esperada.
Nuevos elementos para la investigación
La declaración de Sanz deja sobre la mesa varios elementos que deberán ser contrastados durante la investigación: las comunicaciones completas con el CNI, el informe elaborado el 24 de julio y las actuaciones adoptadas por las distintas administraciones ante las advertencias previas.
El contenido del teléfono entregado al juzgado y la eventual desclasificación de los mensajes pendientes podrían aportar nuevos datos sobre la información disponible en las horas anteriores a la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.
Las afirmaciones realizadas por los distintos comparecientes deberán ser valoradas junto al resto de documentación y pruebas que se incorporen al procedimiento judicial.
