Siete subsaharianos serán expulsados tras protagonizar altercados en Loma Margarita

—¿Cuánto tiempo hace que salió de Chad? —le ha preguntado la magistrada a uno de los acusados al término del segundo de estos juicios.

—Cuatro años —ha respondido el varón, por medio de un intérprete. Los dos senegaleses han contestado que llevan dos y tres años fuera de su país, mientras que el sudanés comenzó su periplo migratorio en 2022.

—¿Y, después de tanto tiempo, por qué se meten en estos líos? —ha inquirido la jueza.

—Por comida —ha respondido uno de ellos mientras se llevaba la mano a la boca.

Siete migrantes subsaharianos serán expulsados de España tras aceptar las penas solicitadas por la Fiscalía por los altercados registrados el pasado 22 de septiembre en el asentamiento habilitado este verano en Loma Margarita, en Ceuta. Cuatro de ellos, un ciudadano de Chad, dos senegaleses y un sudanés, han sido condenados por desórdenes públicos con dos años de prisión, sustituidos por la expulsión del territorio nacional y la prohibición de regresar durante cinco años. Los otros tres, todos de nacionalidad sudanesa, han reconocido su participación en unos hechos que incluyen amenazas a vigilantes de seguridad, lesiones leves y maltrato de obra. A estos últimos se le ha impuesto 18 meses de cárcel por el primer delito, además de multas por los otros; si bien la pena también ha sido conmutada por la repatriación en los mismos términos.

Ambos procedimientos se han celebrado este miércoles por la mañana en la sala de vistas de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta y han concluido mediante acuerdos de conformidad entre las partes, sin necesidad de celebrar los juicios con la práctica de la prueba. El abogado Juan Alinquer ha asumido la defensa de los siete acusados.

El primero de los escritos de acusación, formulado por el Ministerio Público y al que ha tenido acceso El Pueblo, sitúa el inicio de los altercados alrededor de las 15.30 horas del 22 de septiembre, durante el servicio de comidas en el referido espacio de acogida. Según el relato de la Fiscalía, los dos senegaleses (ambos de iniciales M.S.) empujaron y golpearon al sudanés (I.S.), que abandonó momentáneamente el lugar y regresó con un fragmento de cristal punzante con el que acometió a otras personas.

La situación derivó en una pelea colectiva en la que participaron varios usuarios del centro, algunos de ellos con objetos peligrosos. El escrito sostiene que el ciudadano chadiano M.A. también intervino, propinando puñetazos y patadas a personas que estaban en el suelo. La reyerta, “multitudinaria y caótica”, obligó a movilizar a efectivos policiales para restablecer el orden y generó una situación de riesgo para la integridad física de los usuarios y trabajadores.

“Los cuatro acusados tomaron parte activa en la acción colectiva violenta, aceptando y asumiendo el riesgo de causar lesiones a los demás participantes, contribuyendo todos ellos mediante sus respectivas conductas al resultado lesivo finalmente producido”, sostiene la acusación.

Durante estos enfrentamientos los cuatro acusados sufrieron lesiones, que requirieron al menos una primera asistencia facultativa. La Fiscalía les atribuyó un delito de desórdenes públicos y delitos leves de lesiones por las agresiones producidas entre los participantes; si bien finalmente no han sido condenados por el último ilícito por la conformidad alcanzada entre las partes.

Este juicio se ha celebrado minutos antes que el primero, que ha tenido lugar en la misma sala de vistas pero casi a oscuras por coincidir con el apagón ocurrido en Ceuta en la mañana de este miércoles.

Amenazas y agresiones a vigilantes de seguridad

El otro procedimiento, celebrado en primer lugar, se refiere a los hechos ocurridos ese mismo día alrededor de las 17.30 horas, en la carretera de Loma Margarita, junto al centro de acogida. Según el escrito de acusación, tres ciudadanos sudaneses —Z.N., A.M. y S.M.— reaccionaron con amenazas cuando el personal de seguridad les pidió que se retiraran de la zona de comida.

La Fiscalía sostiene que los acusados profirieron amenazas de muerte contra los vigilantes, con expresiones como “os vamos a cortar el cuello, os vamos a rajar, os vamos a matar”. El escrito señala que las palabras provocaron temor entre los trabajadores y que, a continuación, se produjeron agresiones físicas.

Siempre según el Ministerio Público, el primero de los acusados golpeó a una vigilante y le causó lesiones en una mano y una muñeca; el segundo propinó un cabezazo en la mandíbula a otro trabajador y lo golpeó en el antebrazo; y el último golpeó a una tercera vigilante sin causarle lesiones. Tras la conformidad alcanzada, la Fiscalía ha calificado estos hechos como tres delitos de amenazas, uno leve de lesiones y dos leves de maltrato de obra.

Cada uno de los acusados ha aceptado una pena de 18 meses de prisión por las amenazas, además de sendas multas por dos delitos de maltrato de obra y uno de lesiones, además de una indemnización de 150 euros por el último ilícito, según la participación atribuida a cada uno. Las penas de prisión han sido sustituidas por la expulsión de España y la prohibición de entrada en el país durante un periodo de cinco años.

Los siete acusados se encontraban en prisión provisional tras sus detenciones en la tarde del 22 de septiembre y todos han celebrado los procedimientos portando mascarilla por encontrarse en régimen de aislamiento sanitario, según han comunicado a este diario fuentes policiales implicadas en el traslado de los varones hasta el juzgado.