Suspendido el juicio contra el duodécimo acusado del ataque a pedradas al vehículo de Regulares

CRISIS MIGRATORIA - TRIBUNALES

La Fiscalía, que solicita tres años de prisión, pidió aplazar la vista por la ausencia de los cuatro militares agredidos. Diversas fuentes apuntan a que el investigado es un “desertor” de la Fuerzas Auxiliares marroquíes, un grupo paramilitar dependiente del Ministerio del Interior del país vecino

Estado en el que quedó el vehículo militar tras la agresión
Estado en el que quedó el vehículo militar tras la agresión | Cedida

Ceuta/ E.E.Y. —24 años, marroquí—continuará en prisión provisional hasta finales de este mes de noviembre toda vez que este martes ha sido suspendido el procedimiento en el que se le acusa de haber participado en la emboscada a finales de agosto en Benzú en la que un vehículo del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54 fue emboscado y apedreado. Tras este ataque fueron 12 los varones detenidos, si bien este joven fue el único que no fue expulsado a Marruecos por no reconocer los cargos que se le imputan. La Fiscalía ha pedido que no se celebrase el procedimiento porque los militares agredidos no han comparecido en sede judicial, ante la plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta. E.E.Y. se enfrenta al menos a tres años de prisión como supuesto autor de delitos de atentado y de lesiones. El resto fue condenado en fase de instrucción con dos años de cárcel, conmutada por la expulsión del territorio nacional.

El investigado ha implorado entre lágrimas no ser devuelto a su país de origen, y diversas fuentes apuntan a que la razón es que es un “desertor” de la Fuerzas Auxiliares marroquíes, un cuerpo de carácter paramilitar que depende del Ministerio del Interior del país vecino en tiempos de paz y actúa de apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado.

El atestado policial, al que ha tenido acceso El Pueblo de Ceuta, recoge el relato de los militares y la intervención posterior de los agentes que acudieron a prestarles auxilio. Sin embargo, no contiene ninguna prueba documental que acredite que los autores del ataque fueran militares. Tampoco recoge una confesión de alguno de los detenidos que permita sostener esa condición, a pesar de la información publicada en otros medios de comunicación que afirma este extremo.

La emboscada “sorpresiva y coordinada”

El atestado 14850/26 sitúa el comienzo de los hechos a las 6.30 horas del 27 de agosto, durante el dispositivo establecido para hacer frente a la crisis migratoria y en el que participaban de forma coordinada las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Ejército. El Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC 091) alertó a la Policía Nacional de que varios militares desplegados en Benzú estaban siendo atacados.

La primera comunicación recibida por los agentes indicaba que el incidente se había producido en la entrada de la playa. Los militares habrían tenido que abandonar los vehículos y continuar a pie en dirección a Calamocarro mientras eran perseguidos y hostigados por los agresores, que les lanzaban piedras y otros objetos y también los golpeaban.

Varios indicativos de la Policía Nacional se desplazaron de inmediato hasta el lugar. Cuando llegaron a la altura de Calamocarro, los agentes observaron a cuatro militares pertenecientes al Grupo de Regulares corriendo hacia ellos y haciendo señales para llamar su atención y solicitar ayuda. Se trataba de un sargento, un cabo y dos soldados.

La intervención policial se produjo cuando, en una curva de la carretera en dirección a Benzú, los funcionarios observaron a un grupo de unos 20 individuos que avanzaba corriendo hacia ellos en actitud hostil. Según la descripción incorporada al atestado, se trataba de personas que acababan de atacar a los militares. Al advertir la presencia policial y ver activados los dispositivos luminosos de los vehículos, los individuos cambiaron de dirección y huyeron hacia la playa y el monte.

Los agentes iniciaron entonces una persecución a pie. El documento señala que consiguieron interceptar a tres personas en la zona de monte, que ofrecieron una fuerte resistencia a la detención. Los funcionarios tuvieron que emplear la fuerza necesaria para reducirlas y colocarles las esposas.

El acusado, sentado en el banquillo frente a su letrada, Inmaculada Guil
El acusado, sentado en el banquillo frente a su letrada, Inmaculada Guil | S.C.

Mientras se desarrollaba la búsqueda, los policías pudieron recabar con más detalle la versión de la sargento que estaba al mando de los militares. Según su relato, la unidad se encontraba realizando tareas de apoyo a la seguridad ciudadana y permanecía en un vehículo militar estacionado en la explanada de la entrada de Benzú cuando comenzó el ataque.

La agresión se habría producido de forma “sorpresiva y coordinada”, pues militares recibieron impactos de piedras de grandes dimensiones que, de acuerdo con la declaración recogida por los agentes, procedían tanto de la playa como de la zona de monte. La sargento calculó que alrededor de 70 personas los rodearon y comenzaron a actuar contra ellos.

El relato describe cómo los atacantes golpearon a los ocupantes a través de una de las ventanas del vehículo, que previamente había quedado fracturada por el lanzamiento de piedras y de algún objeto pesado. También bloquearon por completo el paso, de manera que los militares no podían abandonar el lugar con el vehículo sin poner en peligro a las personas que se encontraban delante.

Ante esa situación, y con el objetivo de proteger la integridad de los ocupantes, la sargento ordenó abandonar el automóvil y retirarse a pie para pedir ayuda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los cuatro militares emprendieron entonces la huida por la carretera en dirección a Calamocarro, si bien los agresores continuaron detrás de ellos y les arrojaron piedras, en este caso cantos rodados de la propia playa. Durante ese recorrido, el cabo recibió el impacto directo de una piedra de grandes dimensiones en la espalda. Las lesiones quedaron reflejadas en el parte facultativo incorporado a las diligencias.

Los agentes acompañaron después a los militares hasta el punto donde había quedado estacionado el vehículo. El atestado describe que presentaba daños de consideración: todas las lunas estaban fracturadas y la carrocería tenía varias abolladuras producidas por los impactos de las piedras. La documentación policial incluye fotografías del automóvil y un informe médico de uno de los componentes de las Fuerzas Armadas.

Máximo despliegue

La operación para localizar a los responsables continuó después de las primeras detenciones. A la búsqueda se incorporaron efectivos de la Guardia Civil pertenecientes al Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), que desplegaron medios técnicos, entre ellos un dron equipado con cámara térmica que permitió localizar a dos personas que se habían ocultado en las inmediaciones o que seguían huyendo. El atestado precisa que los agentes mantuvieron el seguimiento de los individuos durante la persecución, bien de forma directa o mediante los medios técnicos utilizados.

La intervención se extendió por distintos puntos del entorno de Benzú y Calamocarro. Según la relación de actuaciones incluida en las diligencias, los agentes de la Guardia Civil y los componentes de la Policía Nacional consiguieron detener a otras seis personas. A ellas se sumó un séptimo individuo interceptado por la Unidad Marítima de la Guardia Civil cuando, presuntamente, trataba de abandonar la zona.

La Policía Nacional les atribuyó a los 12 detenidos inicialmente indicios de delitos de atentado contra agentes de la autoridad, daños, lesiones y resistencia activa a la detención, además de una posible infracción de la legislación de extranjería.

Cuatro detenidos con lesiones y ninguno con antecedentes

Entre los documentos incorporados al atestado figuran cuatro partes facultativos correspondientes a detenidos que presentaban lesiones. También se adjuntó el informe médico de uno de los militares. Las diligencias incluyen también las citaciones de los agentes de Policía Nacional que intervinieron y de los cuatro integrantes de las Fuerzas Armadas que habían sufrido el ataque.

La consulta de las bases de datos policiales no reflejó detenciones anteriores para ninguno de los doce arrestados, si bien la Unidad de Extranjería comunicó que todos se encontraban en situación irregular en España.

El atestado recoge que se les ofreció la posibilidad de declarar sobre su presunta participación en los hechos, pero todos optaron por acogerse a su derecho a no prestar declaración en dependencias policiales y reservarse la posibilidad de hacerlo ante la autoridad judicial.

La hipótesis sobre que los agresores fueran militares no figura en las diligencias

La posible vinculación de alguno de los atacantes con las fuerzas de seguridad marroquíes ha sido uno de los elementos más llamativos de las informaciones publicadas sobre el episodio. El diario El Español sostuvo que miembros del aparato militar del país vecino que habían entrado en Ceuta durante la crisis migratoria de julio habrían coordinado al menos una emboscada y señaló que uno de los detenidos y que luego fue expulsado habría reconocido su condición de militar.

También se ha apuntado, a través de diversas fuentes consultadas por El Pueblo, que E.E.Y. podría ser un desertor de las Fuerzas Auxiliares marroquíes, una hipótesis que se ha relacionado con el hecho de que el joven sea el único de los 12 arrestados que permanece en España y no haya sido expulsado.

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