Tres médicos acusados de la muerte de un paciente basan su defensa en un supuesto suicidio
TRIBUNALES - SANIDAD
La víctima, aquejada de una hidrocefalia y que falleció en el verano de 2017 por una infección de la derivación ventriculoperitoneal, había tomado antidepresivos antes de ser ingresada
Las acusaciones piden hasta cuatro años de prisión y seis de inhabilitación para tres médicos del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) acusados del supuesto homicidio por imprudencia de un paciente en el verano de 2017. La celebración de la segunda sesión de este juicio de la plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta ha dejado el proceso visto para sentencia este lunes tras la práctica de las pruebas periciales, las declaraciones de los facultativos sentados en el banquillo y las conclusiones de las partes.
Los hechos recogidos en el escrito de calificación fiscal incluyen el ingreso del paciente en Urgencias y posteriormente en la UCI del Hospital ceutí el 23 de julio de 2017 y la evacuación al gaditano Puerta del Mar pocos días después, y tras la realización de un TAC craneal el día después del ingreso. El traslado obedeció a que sufría una hidrocefalia aguda y a la necesidad de que esta fuera atendida por un servicio médico de neurocirugía, una especialidad con la que no cuenta el HUCE.
De acuerdo con la información que ha trascendido en el juicio, las acusaciones alegan que el TAC se demoró lo imprescindible para que finalmente el paciente acabara falleciendo por no llegar a ser tratado a tiempo. Tras el TAC había que realizarle un drenaje del líquido cefalorraquídeo que el cerebro no estaba absorbiendo, pero esto llegó tarde, siempre según el Ministerio Público y la representación letrada de la familia del varón fallecido.
La víctima tenía antecedentes de hidrocefalia, si bien la pericial de parte de la defensa esgrime que la causa de sus síntomas (vómitos, pérdida de conciencia y cefaleas agudas) fue el exceso de medicación: en concreto, la ingesta el mismo día de cuatro comprimidos de 50 miligramos de tryptizol, un medicamento antidepresivo.
La causa del ingreso en el HUCE, según el 061, fue una intoxicación farmacológica “por sospecha firme de intento de suicidio”, si bien la acusación particular esgrime que la acumulación en sangre del medicamento sería la mínima indicada: solo dos miligramos por kilo al día, ya que el paciente pesaba alrededor de 100 kg. La representación legal de la familia de la víctima afirma que no tenía antecedentes de depresión. "Jamás podría haber sido una intoxicación, porque era su medicación habitual", ha expresado el abogado de la acusación particular en sus conclusiones.
Falleció días después de su evacuación, el 4 de agosto, en el hospital de Cádiz. La causa de la muerte fue un shock séptico causado por una infección de la derivación ventriculoperitoneal, una complicación derivada de su permanencia en cuidados intensivos y de la intervención clínica del drenaje del líquido cerebral. Primero sufrió también infecciones respiratorias y urinarias, además de una hipertensión intracraneal “gravísima” con ‘efecto masa’ y borrado de los surcos cerebrales.
La defensa alega que no se realizó el TAC antes porque, a pesar de haber perdido la conciencia horas después de su ingreso al hospital, la víctima tenía espasmos y no estaba indicado practicar la referida prueba de diagnóstico por imagen. Para hacer el TAC había que asegurar que no se moviese, lo que implicaba suministrar sedantes que podrían haber sido perjudiciales y haberle provocado unos daños cerebrales que finalmente también acabó teniendo.
Los peritos médicos de cada parte han defendido este lunes sus posturas detallada, técnica y exhaustivamente, tras una primera parte de la prueba celebrada el pasado 16 de octubre en la que declararon las familiares de la víctima.
“¿Si un TAC es la prueba idónea para diagnosticar una hidrocefalia, por qué tardó en hacerse?”, le ha planteado el fiscal, Salvador Díaz Peinado, a uno de los médicos contratados por la defensa como perito. “En medicina es fácil verlo todo con posterioridad. Hubo una demora, pero no veo un retraso en el diagnóstico, sino que la evolución hizo cambiar la toma de decisiones”, ha respondido el facultativo, que ha insistido en que fueron las complicaciones a partir del día 28 de julio las causas del fallecimiento y no la hidrocefalia en sí misma.
Otra perito de esa misma parte ha defendido que la sobreingesta del referido fármaco era “compatible” con los síntomas que presentaba cuando ingresó en el HUCE, así como que no estaba indicado realizar el TAC por los síntomas que presentaba. “Se hizo tras hablar con la familia y en cuanto se sospechó de que no existían ideas autolíticas, de suicidio”, ha recordado esta doctora en referencia al mencionado análisis de la imagen del cerebro. “Lo que le ocasionó la muerte fue la infección derivada de la operación, fue mala suerte. No es culpa de nadie, en una cirugía se aplican todos los métodos de esterilización posibles”, ha concluido la facultativa, que también ha llegado a conceder que el TAC “se podría haber hecho varias horas antes”.
“Existía el consumo y hubiera llegado a niveles potencialmente tóxicos”
Antes de las conclusiones de las partes han declarado los acusados, que también han testificado técnica y detalladamente. El primer médico en comparecer es especialista en medicina intensiva en el HUCE y estaba de guardia en la Unidad de Cuidados Intensivos aquel día. El fiscal le ha preguntado por qué contaban con un diagnóstico de intoxicación por fármacos, pero con un juicio clínico de hidrocefalia.
“La pérdida de nivel de conciencia abre un abanico de posibilidades. Existía el consumo y que este hubiera llegado a niveles potencialmente tóxicos”, ha defendido el facultativo, en referencia a los síntomas que presentaba la víctima y a la ingesta de los fármacos. El médico considera que la hidrocefalia era un “antecedente”, no un “juicio clínico”. “No dudamos nunca en hacer el TAC, sino en el momento idóneo en hacerlo”, ha expresado también, sobre la tardanza en hacer la prueba.
El segundo acusado en declarar ya está jubilado, es especialista en medicina interna y relevó al compañero en la UCI a las 10.00 de la mañana del 24 de julio, el día después del ingreso. “Los familiares me comunicaron que tenía síntomas cuatro días antes, pero la decisión del traslado a la Península ya estaba tomada. Para mí lo importante es que el paciente estaba plenamente estable, por lo que decidí hacer el TAC”, ha recordado, una prueba que acabó por practicarse poco antes de las 13.00 horas del mismo día. Luego ordenó el traslado urgente en helicóptero a Cádiz. “Confío plenamente en su criterio, es un profesional muy formado”, ha respaldado al primer acusado, previsiblemente más incriminado que él.
Finalmente ha declarado el médico que estaba en el servicio de Urgencias aquel 23 de julio. “Se entrega el paciente con una intoxicación farmacológica porque así se indicó, así como que se detectó que sufría una hidrocefalia crónica, era nuestro punto de partida y ambas patologías son compatibles”, ha manifestado durante su declaración por videoconferencia.
“El TAC se ordenó cuando se constató el deterioro neurológico por el servicio de Urgencias”, ha manifestado, asegurando que estaba previsto realizarse la prueba. También ha afirmado que no pesó al paciente, a pesar de que consideró que estaba intoxicado con la mencionada acumulación en sangre del tratamiento. Al igual que el médico anterior, ha insistido en que “confía en el criterio médico” del primer facultativo que ha declarado como investigado.
Los abogados de la Seguridad Social y de dos aseguradoras, así como un letrado defensor, han esgrimido que la “sospecha” de la intoxicación farmacológica autolítica eclipsó en un primer momento el diagnóstico de hidrocefalia, lo que pospuso el desarrollo de las actuaciones posteriores. También que las acciones de los profesionales fueron “correctas”, que la hidrocefalia “no fue la causa del fallecimiento” y que no hubo delito en el error de diagnóstico inicial.