Los tres nuevos fiscales para Ceuta se incorporan oficialmente el próximo martes
JUSTICIA
La fiscal general del Estado anunció que el refuerzo sería efectivo el lunes pasado. Además del aumento de la criminalidad en la ciudad, el Ministerio Público enfrenta como principal reto el elevado número de procedimientos de determinación de edad de los menores
La Fiscalía General del Estado reforzará la plantilla de la Fiscalía de Ceuta finalmente el próximo martes 22 de septiembre con tres fiscales adicionales; según han informado fuentes judiciales de solvencia a este diario. Su incorporación estaba prevista inicialmente para el pasado día 14, de acuerdo con el compromiso adquirido por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, durante su visita a la ciudad a finales de agosto. Serán 11 los efectivos totales disponibles, ya que hasta ahora se estaba haciendo frente a la crisis con ocho profesionales del Ministerio Público en activo, quienes se encuentran ‘estirando’ su horario laboral para cubrir los servicios de guardia ampliados.
El refuerzo responde a las necesidades planteadas ante la situación que atraviesa Ceuta después de la entrada masiva de personas de los días 30 y 31 de julio, en un contexto en el que la Fiscalía también debe afrontar el incremento de procedimientos relacionados con la criminalidad y la atención a los menores migrantes no acompañados.
La medida fue anunciada por Peramato el pasado 27 de agosto, durante su visita a Ceuta, en la que mantuvo reuniones con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, y el equipo de fiscales del Área de Ceuta. Acudió acompañada de la fiscal de Sala Coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado, Teresa Gisbert, y de la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago.
Según la información facilitada entonces, la convocatoria de las plazas estaba prevista para el 31 de agosto y los fiscales contarían con un complemento de 840 euros brutos mensuales y con recursos habitacionales subvencionados. Estos refuerzos se mantendrán hasta el 31 de octubre, “sin perjuicio de que se puedan ampliar los plazos", según afirmó entonces Peramato.
La incorporación de tres fiscales de refuerzo se solicitó el pasado 31 de julio y se formalizó poco después, pero no hubo entonces incorporaciones porque no postularon voluntarios para cubrir esas plazas por la bolsa de empleo.
El doble de detenidos en agosto y más de 30 procedimientos por agresiones sexuales
El número de personas detenidas en Ceuta en agosto se duplicó en comparación con el mismo mes de 2025. Fuentes acreditadas afirmaron puntualmente a El Pueblo que se superaron los 1.200 arrestos al cierre del mes pasado. De entre los apresados, la proporción de extranjeros originarios de países de la Unión Europea (UE) se mantuvo en los dos tercios, igual que el año anterior, así como la relación en cuanto a detenciones de menores de edad.
La Fiscalía General del Estado informó el 11 de septiembre de que, desde los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio, se habían abierto más de 30 procedimientos por agresiones sexuales a mujeres migrantes en Ceuta y que en el 40% de los casos las víctimas eran menores no acompañadas. El pasado martes 15 de septiembre la Fiscalía Superior de Andalucía cifró en 35 las agresiones sexuales denunciadas en Ceuta tras la entrada masiva.
La fiscal jefe de Ceuta, Silvia Rojas, relataba al diario El País a comienzos de este mes la particular vulnerabilidad que viven las niñas migrantes no acompañadas en Ceuta; y además recordó que no todas estas víctimas denuncian precisamente por encontrarse en situación administrativa irregular en España. Entonces la Fiscalía registraba prácticamente una agresión sexual al día desde el inicio de la crisis.
En la referida declaración del 27 de agosto, Peramato alertó concretamente del aumento también en la ciudad de los delitos de robo con violencia, contra el patrimonio, de atentado y de resistencia a los agentes de la autoridad. "Quiero poner en valor el trabajo, por lo que a mí me corresponde, de la Fiscalía de Ceuta", afirmó entonces la fiscal general, quien añadió que desde el primer momento se ha trabajado para respaldar a las fiscalías territoriales ante la contingencia migratoria.
La determinación de la edad de los menores, otro de los retos
Otro de los ámbitos que concentra buena parte de la actividad de la Fiscalía es la situación de los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta. El pasado 11 de septiembre, Teresa Peramato y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, coincidieron en la necesidad de acelerar el traslado a la Península de los niños y niñas migrantes que permanecen en la ciudad desde la entrada masiva. En aquella reunión, ambas responsables subrayaron que cualquier actuación relacionada con estos menores debe tener como prioridad el interés superior del menor.
En la misma línea, la fiscal jefe en Ceuta, Silvia Rojas, defendió en otras entrevistas la necesidad de que se trasladen menores a la Península provisionalmente para el estudio individualizado de sus casos más allá de que posteriormente se adopte una resolución definitiva distinta a la acogida en el sistema de protección español, como puede ser el retorno a su país de origen o la reagrupación familiar con otros parientes que puedan tener en territorio nacional.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) informaba en una nota de prensa de finales de agosto que en algunas jornadas los representantes del Ministerio Público en Ceuta llegaban a realizar alrededor de 200 entrevistas en el marco de los procedimientos de determinación de edad. La organización pidió entonces triplicar el servicio de guardia para enfrentar la situación.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cifró la pasada semana en 2.100 los menores migrantes que ya han sido filiados e incorporados al sistema de acogida de Ceuta, si bien también advirtió de que todavía quedan niños y adolescentes pendientes de completar estos trámites. Del total, alrededor de 700 son niñas, muchas de ellas, según señaló, "de muy corta edad".
La Fiscalía también ha establecido pautas específicas para garantizar la protección de los menores. Peramato dictó el pasado 7 de agosto un decreto en el que se fijan criterios de actuación para los fiscales delegados de Menores, entre ellos los supuestos en los que una comunidad autónoma de destino rechace o muestre reticencias a asumir de forma inmediata la recepción de los menores que le correspondan.
