“Vendíamos cristal y cocaína”: arranca por fin el juicio de trata y prostitución latina en Ceuta

Una mujer paraguaya ataviada con mascarilla, gorra y gafas de sol ha señalado a través de la cámara por videoconferencia a la pareja acusada de vejarla, prostituirla y tenerla retenida durante meses en un piso de Ceuta hasta que la Policía Nacional realizó el registro del inmueble en abril de 2024. Así ha arrancado la nueva temporada judicial este martes en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en la ciudad autónoma. Según ha trascendido durante el desarrollo del procedimiento, la víctima no denunció estos hechos cuando explotó la investigación en la referida fecha, sino que lo hizo meses después en Madrid, donde la habrían obligado otros sospechosos a “mantener relaciones sexuales con animales; en concreto con un perro”; de acuerdo con las palabras del agente instructor del caso que seguirá siguiéndose este miércoles en la misma sala de vistas.

Este último detalle no ha vuelto a ser repetido en el juicio ni se corresponde con la investigación del caso de Ceuta a excepción de hacer alusión a la denunciante, que habría venido “engañada” a España desde Paraguay. Supuestamente la pareja de acusados le prometió que iba a ejercer la prostitución en territorio nacional y contrajo una deuda que ha afirmado que ascendió a los 5.000 euros. El trato incluía que la presunta organización criminal compraba los billetes en una agencia de viajes a la que le pedían que “incrementara” los precios para que creciera esta deuda; que las mujeres debían saldar ofreciendo servicios sexuales a clientes “24 horas, todos los días” hasta pagarla completamente. “Nos insultaban, nos decían ‘puta de mierda’ y que éramos inservibles”, ha recordado la testigo entre lágrimas, que también ha declarado que las obligaban a vender “pastillas para el líbido” y droga, “cristal y cocaína”, en los mismos “pequeños” ‘centros de trabajo’.

Siempre de acuerdo con la investigación, estas chicas no podían salir de los pisos “salvo para algunas compras básicas” y tenían cámaras en los inmuebles para ser vigiladas. Las pesquisas policiales comenzaron en torno al verano de 2023 y fueron judicializadas en febrero de 2024, antes de la entrada y registro de un domicilio en Benzú y en otro en la calle Juan de Juanes el 10 de abril del mismo año. La investigación incluyó seguimientos, llamadas, escuchas telefónicas, volcado de mensajes de Whatsapp, vigilancia en casas y tomas de fotografías y vídeos. Estos procedimientos, además de las órdenes judiciales de entrada y registro de las viviendas, son a los que se agarran los abogados de la defensa, Manuel Martínez Selva y Javier Hermoso, en caso de una presumible condena para recurrir la sentencia, ya que habrían vulnerado los derechos fundamentales de los acusados. El caso comenzó a judicializarse

El varón −F.M.M.P.− fue detenido el mismo miércoles 10 de abril pasadas las 7.00 de la mañana saliendo del piso de Benzú, en el que se encontró al menos 24 gramos de cocaína y dos kilos de hachís. Aquel día de fin del Ramadán (Eid al-Fitr) la Policía cometió un error en la entrada y registro del domicilio. El que había que investigar estaba “en un callejón” y era “el bis”, un número repetido de la misma dirección. Tras abrir “el que no era”, arrestaron fuera del segundo piso al encausado, al que se le piden un total de 42 años de prisión. Luego esperaron el auto de entrada judicial para registrar el piso, en el que había dos mujeres. Ha continuado en prisión provisional desde entonces, rebasando el límite permitido en la legislación española de privación de libertad de dos años de privación de libertad. La última prórroga se decretó en mayo, en la última suspensión de la vista.

El agente secretario del caso ha apuntado que en el registro del otro domicilio de Juan de Juanes encontró a otras dos presuntas víctimas, con las que se entrevistó. Le dijeron que trabajaban por 50 euros cada media hora; y en el piso tenían cada una un cuchillo escondido por debajo del colchón para protegerse de los clientes llegado el caso.

En el piso de Benzú se encontraron “muchos documentos”: pasaportes, billetes de avión, etc.; además de pastillas para mantener relaciones, preservativos, billetes de avión, drogas y teléfonos móviles. Según uno de los agentes, los teléfonos aportaron “todo el recorrido” documental del viaje de las denunciantes desde Paraguay hasta Ceuta. La testigo protegido pasó por Alcorcón (Madrid) y Algeciras, donde los acusados fueron a recogerla. Ella ha dicho que vivía en uno de los pisos junto a otras dos chicas, pero que sabía de unas 10 en total en su misma situación en Ceuta.

Uno de los policías ha expresado que no solo fueron captadas víctimas de nacionalidad Paraguaya, sino también otras venezolanas, pero todas habitantes de la misma región del primer país mencionado y “con relación familiar o cercana” con la familia de la acusada −D.P.V.C. −, quien también fue detenida el mismo 10 de abril de 2024. así como otras dos personas en la calle Juan de Juanes y en otra vivienda de Algeciras (Cádiz). A pesar de ser cuatro los arrestados, la causa continuó dirigida solamente contra los dos ‘cabecillas’ de la supuesta trama de trata y prostitución.

La Fiscalía sospecha que habrían prostituido al menos a 14 mujeres

De acuerdo con la información que trascendió en la audiencia preliminar de noviembre, la Policía Judicial comenzó su investigación al menos en 2018 y, a lo largo de los años, diferentes personas fueron aportando más datos hasta la explotación de la causa en abril de 2024.

Según el testimonio de uno de los hombres que están citados a declarar, habría al menos una ONG implicada. Los agentes identificaron una página web en la que se vendían los ‘servicios’ de las mujeres supuestamente prostituidas; al menos 14 jóvenes, algunas de las cuales han contribuido con el esclarecimiento de los hechos declarando como testigos protegidos.

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