La vulneración de derechos de los acusados en la causa archivada de la ‘operación New Team’

La plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche (Alicante) ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa conocida policialmente como ‘operación New Team’ contra una presunta trama de captación ilegal de jóvenes migrantes que querían ser futbolistas profesionales en España. El auto judicial que archiva las actuaciones por falta de pruebas, un documento al que ha tenido acceso este diario, ordena levantar las medidas cautelares que pesaban contra los acusados; cinco de los cuales fueron detenidos en Ceuta a principios de noviembre de 2024. Según apuntan fuentes judiciales cercanas al caso, las dilaciones en el proceso judicial y las referidas medidas preventivas, que se ha extendido casi dos años, han vulnerado gravemente los derechos fundamentales de los investigados. Las citadas medidas cautelares incluyeron la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio español desde entonces, la imposibilidad de regularizar su residencia en el país de manera ordinaria —ya que los acusados eran también extranjeros—, la limitación de su derecho de a la defensa por el secreto de las actuaciones; así como otros perjuicios laborales, familiares y administrativos.

Además de esto, según ha podido saber El Pueblo, al menos dos de los investigados no han podido acogerse a la regularización extraordinaria de personas migrantes a pesar de haber solicitado poder hacerlo. El plazo para hacerlo terminó a finales de junio, pero entre los requisitos dispuestos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones no se admitía que las personas solicitantes contaran con antecedentes penales o que tuvieran causas abiertas con la justicia española durante la duración de la campaña.

De acuerdo con la misma información, los detenidos estuvieron privados de libertad durante tres días y posteriormente se les retuvo el pasaporte; lo que, según la ley penitenciaria, equivale a días adicionales de privación de libertad. Además, los procesados tuvieron que presentarse periódicamente en el juzgado durante meses, lo que ha incrementado el perjuicio sufrido. El tiempo sin pasaporte y las presentaciones judiciales se consideran equivalentes a privación de libertad, lo que puede ser reclamado como perjuicio adicional.

El archivo de la causa es fruto de la labor de los abogados del Turno de Oficio, quienes tras el prolongado periodo de tiempo transcurrido no han cesado en su trabajo de velar por los derechos e intereses de sus representados; todo ello sin tener en cuenta “las insignificantes retribuciones” que reciben por cada asistencia, según aclaran las mismas fuentes. El sobreseimiento también se basa en una reciente resolución del Tribunal Constitucional, que limita el tiempo del secreto de sumario por causar indefensión a los investigados.

La defensa de los acusados esgrimió que se llevó a cabo una actuación policial “desproporcionada” o “exagerada” que finalmente ha sido desvirtuada por el archivo de la causa por falta de pruebas. No se pudo acreditar el supuesto maltrato a los jóvenes implicados, quienes vivían “bien alimentados” y en “pisos limpios” de “condiciones adecuadas”.

El 6 de noviembre de 2024 fueron detenidos en la Cuesta Parisiana de Ceuta cinco varones, además de una mujer contra la que no se continuó con la acusación. La actuación contó con la participación de efectivos de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional.

“Las diligencias practicadas no permiten acreditar debidamente indicios de delito”

El archivo de la causa responde a las diligencias previas 2223/2024, tramitadas por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, que investigaba presuntos delitos de tráfico ilegal de personas e inmigración clandestina y de pertenencia a organización criminal.

En los antecedentes del auto, la magistrada expone que durante la instrucción se han practicado “las diligencias necesarias” para determinar la naturaleza y circunstancias del hecho y las personas que en él hayan podido participar. Sin embargo, el resultado de esa investigación conduce al archivo provisional del procedimiento.

La resolución argumenta que, conforme a los artículos 779.1.1ª y 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede el sobreseimiento cuando no aparece suficientemente justificada la comisión del delito que motivó la apertura de la causa. En este caso, la magistrada afirmó que “las diligencias practicadas no permiten acreditar debidamente indicios de la presunta comisión del ilícito que se investiga”.

El origen de la ‘operación New Team’, una investigación compartida entre Ceuta y localidades de Alicante

La ‘operación New Team’ se inició en noviembre de 2024 a partir de una investigación de la Policía Nacional que derivó en detenciones y registros en Ceuta y en las localidades alicantinas de Elche y Orihuela por la supuesta existencia de una organización dedicada a captar jóvenes futbolistas extranjeros.

Las actuaciones policiales se desarrollaron principalmente entre Elche y la ciudad autónoma, si bien posteriormente la instrucción fue asumida por el juzgado ilicitano al haberse presentado en esa ciudad la denuncia que dio origen al procedimiento. Fue formulada por una conocida ONG del Elche, en la que se personó un menor de origen colombiano que solicitó alojamiento y manutención aduciendo a que se encontraba en una situación de supuesta desatención por parte de la presunta organización criminal.

Según la versión difundida entonces por la Policía Nacional, la organización habría captado a jóvenes, algunos de ellos menores de edad y procedentes principalmente de países sudamericanos, bajo la promesa de darles una oportunidad para incorporarlos al fútbol español y regularizar su situación administrativa. La investigación policial sostenía que los afectados asumían los gastos del viaje y abonaban cantidades económicas por alojamiento y manutención. Los investigadores apuntaron el supuesto uso de documentación irregular para facilitar la entrada de estas personas en territorio nacional.

La Policía defendió en la nota de prensa difundida tras la explotación de la causa que la banda “se ganaba la confianza de las víctimas“ actuando a través de una supuesta agencia de representación de futbolistas, cuyo responsable y demás colaboradores también presuntamente formaban parte de la estructura organizacional investigada.

Entre las referidas localidades alicantinas y Ceuta habría 50 jóvenes afectados, menores y mayores de edad, de acuerdo con la referida información policial. En total se practicaron 12 detenciones en los citados municipios.