Nuevas reglas internacionales para el Estrecho de Gibraltar tras la ratificación de Marruecos al Tratado de Alta Mar

Ceuta/ La reciente ratificación por parte de Marruecos del Tratado de Alta Mar (BBNJ, por sus siglas en inglés) marca un punto de inflexión en la gobernanza global de los océanos y promete influir de manera significativa en el Estrecho de Gibraltar, uno de los corredores marítimos más estratégicos del planeta. Este acuerdo internacional, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), establece un marco jurídico global para proteger la biodiversidad marina en aguas internacionales y entrará en vigor el 17 de enero de 2026, una vez alcanzado el umbral mínimo de adhesiones.

Según la información publicada por Rara Máiquez, redactor en Europa Sur, la ratificación marroquí representa un paso decisivo hacia una mayor cooperación transfronteriza y una gestión más sostenible de los ecosistemas marinos compartidos. Aunque el Estrecho de Gibraltar no forma parte de las aguas de alta mar —ya que se reparte entre las jurisdicciones de España y Marruecos—, sus ecosistemas están estrechamente vinculados con los corredores oceánicos que este tratado busca salvaguardar.

El Tratado sobre la Biodiversidad Biológica Marina en Áreas fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ) tiene como meta establecer normas comunes para proteger la vida marina más allá de las fronteras nacionales. Su objetivo más ambicioso es preservar el 30 % de los océanos del planeta antes de 2030, en línea con el compromiso internacional conocido como “30x30”. Entre las medidas destacadas se incluyen la creación de áreas marinas protegidas, evaluaciones de impacto ambiental más rigurosas, y la promoción de una cooperación científica y tecnológica más equitativa entre países desarrollados y en vías de desarrollo.

De acuerdo con el reportaje de Rara Máiquez (Europa Sur), la adhesión de Marruecos no solo tiene un valor simbólico, sino también práctico: podría derivar en nuevas exigencias medioambientales para los proyectos marítimos y portuarios, así como en una mayor coordinación bilateral con España. Este refuerzo en la gobernanza ambiental del Estrecho podría traducirse en controles más estrictos sobre el tráfico marítimo, las infraestructuras costeras o las exploraciones que afecten los ecosistemas marinos compartidos.

El texto del tratado, aprobado tras años de negociaciones multilaterales, necesitaba al menos 60 ratificaciones para entrar en vigor. Marruecos fue el país que permitió alcanzar esa cifra, seguido posteriormente por Sierra Leona, San Vicente y las Granadinas y Sri Lanka. España, por su parte, ha sido uno de los principales impulsores del acuerdo dentro de la Unión Europea y el primer país del bloque comunitario en ratificarlo, un paso formalizado el pasado mes de febrero en la sede de la ONU en Nueva York. Durante ese acto, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, reafirmó el compromiso español con la moratoria internacional sobre la explotación de los fondos marinos como parte de la Coalición Pioneros por los Océanos.

Con la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar, se exigirá que todas las nuevas actividades en aguas internacionales pasen por evaluaciones de impacto ambiental exhaustivas. Este requisito pretende evitar proyectos con potencial contaminante o que supongan un riesgo para la fauna y flora marina. La normativa también prohíbe el vertido de residuos, limita las prospecciones agresivas y refuerza la supervisión sobre las rutas marítimas que atraviesan zonas ecológicamente sensibles.

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