El asilo de saldo

Lo que está ocurriendo con las solicitudes de asilo de algunos migrantes marroquíes en Ceuta, si se confirman las cifras que circulan, es para echarse las manos a la cabeza. Resulta que ahora, por lo visto, la homosexualidad se habría convertido en el supuesto salvoconducto para conseguir lo que por otras vías parece difícil de obtener. Se habla de que hasta el 90% de los solicitantes alegan ser homosexuales y sufrir persecución en Marruecos. ¡Menuda casualidad! De confirmarse semejante porcentaje, estaríamos ante un fenómeno que exigiría explicaciones inmediatas. Porque una cosa es que Marruecos castigue las relaciones homosexuales, una realidad lamentable, y otra que el sistema español de protección internacional pueda estar siendo utilizado mediante declaraciones falsas. Eso sí, antes de dar por bueno ese 90%, alguien tendrá que poner las cifras oficiales encima de la mesa.

Pero lo más grave no sería únicamente que algunos solicitantes pudieran estar inventándose una orientación sexual para obtener protección. Lo verdaderamente escandaloso sería comprobar que detrás de determinadas solicitudes existen organizaciones que, en lugar de limitarse a prestar asistencia humanitaria y jurídica, se dedican presuntamente a enseñar qué historia conviene contar para conseguir el ansiado asilo. Porque sobre ciertas ONG pesan acusaciones de estar aleccionando a migrantes para explotar la persecución de la homosexualidad en Marruecos. Y, si esas acusaciones se demuestran, estaríamos ante una auténtica fábrica de relatos a la carta. Una cosa es explicar los derechos que reconoce la legislación española y otra, radicalmente distinta, proporcionar un guion para engañar a la Administración. Lo primero merece reconocimiento; lo segundo, responsabilidades.

Y aquí es donde el Gobierno debería dejar de mirar hacia otro lado y empezar a hacer su trabajo. ¿Quién comprueba la veracidad de las declaraciones? ¿Quién supervisa las posibles irregularidades en el asesoramiento? ¿Quién investiga si existen redes dedicadas a instrumentalizar el procedimiento de asilo? Porque resulta insultante que un mecanismo concebido para salvar a personas realmente perseguidas pueda terminar convertido en un coladero para quienes pretendan aprovecharse de él. Y más insultante todavía sería que alguna organización utilizase su condición de entidad humanitaria como escudo para prácticas fraudulentas. Las siglas de una ONG no son una bula papal, ni sus responsables están por encima de la ley, ni la palabra “solidaridad” puede servir para tapar cualquier barbaridad.

Mientras tanto, Ceuta continúa soportando las consecuencias de una crisis migratoria que exige respuestas serias, no discursos almibarados ni ruedas de prensa cargadas de buenas intenciones. Aquí parece que todo el mundo tiene una explicación, una justificación y una excusa, pero nadie ofrece datos claros ni asume responsabilidades. Si existen solicitudes fraudulentas, hay que detectarlas. Si hay organizaciones que colaboran conscientemente en esos engaños, hay que investigarlas. Y si no existen pruebas de esas acusaciones, también hay que decirlo con claridad. Porque el verdadero derecho de asilo merece demasiado respeto como para dejarlo en manos de los tramposos, los oportunistas o los políticos que prefieren no enterarse de nada.

Lo más indignante de todo es que, mientras se extienden estas sospechas, quienes verdaderamente huyen de la persecución pueden acabar pagando las consecuencias de la desconfianza. Esa es la gran paradoja de este disparate: si alguien convierte la protección internacional en un negocio de mentiras, no está defendiendo los derechos humanos, está pisoteándolos. Ya está bien de confundir humanidad con ingenuidad, solidaridad con permisividad y protección internacional con barra libre. El Gobierno tiene la obligación de aclarar lo que sucede, investigar cualquier fraude acreditable y exigir responsabilidades a quien corresponda. Porque el asilo es un derecho, no un truco administrativo; las ONG están para ayudar, no para fabricar coartadas; y Ceuta no tiene por qué resignarse a que la falta de controles se disfrace de humanitarismo.