Ceuta no fue sorprendida. Fue desatendida
En ocasiones un país descubre una verdad incómoda al abrir un archivo. Ayer fue uno de esos días. La desclasificación de los documentos sobre la crisis de Ceuta del pasado 30 de julio deja una conclusión que ningún ejercicio de retórica política puede ocultar: el Estado tenía información previa sobre el riesgo de una entrada masiva y, aun así, Ceuta quedó expuesta.
No hablamos de una sospecha retrospectiva. No hablamos de un informe elaborado después de los acontecimientos para justificar una decisión ya tomada. Hablamos de comunicaciones fechadas el 29 de julio, horas antes de la avalancha, en las que el CNI trasladaba que existía un llamamiento para un asalto por tierra y por mar, aprovechando la Fiesta del Trono, y advertía de la enorme difusión que estaba teniendo la convocatoria en redes sociales. La información llegó. Después ocurrió lo que ocurrió.
Y ahora llega la segunda crisis: la crisis de las explicaciones. Porque durante semanas se ha instalado desde Madrid el relato de que nadie pudo prever lo sucedido. Que no existía una alerta concreta. Que nadie podía imaginar la magnitud. Que los acontecimientos desbordaron cualquier capacidad de anticipación. Pues bien, los documentos obligan a matizar, cuando no directamente a revisar, ese relato.
No hace falta que un servicio de inteligencia acierte el número exacto de personas que van a intentar cruzar una frontera para que una alerta tenga valor. Ese parece ser uno de los argumentos sobre los que pretende descansar ahora el Gobierno: nadie anticipó la magnitud exacta de lo sucedido. Puede ser cierto. Pero es una defensa insuficiente. Porque entre saber que pueden cruzar mil personas y saber que pueden cruzar ochenta mil existe una diferencia de escala; no una diferencia de obligación.
Naturalmente que nadie podía saber cuántas personas acabarían intentando entrar. Naturalmente que un servicio de inteligencia no es una bola de cristal. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es si, cuando un organismo del Estado comunica que existen convocatorias para un asalto coordinado a la frontera española, cuando habla de entradas por mar y por la valla, cuando señala que la convocatoria alcanza a decenas de miles de personas y cuando identifica una circunstancia especialmente relevante —la celebración del Día del Trono y la posible distracción de las fuerzas marroquíes—, el Gobierno tiene la obligación de levantar el teléfono y decir: “Hay que prepararse”. Y si el Gobierno no lo hizo, alguien tendrá que explicar por qué.
No basta con refugiarse ahora en que aquello no constituía una “alerta formal”. Es una discusión casi semántica. Una frontera no se protege únicamente cuando empieza el asalto. Se protege cuando existen indicios de que puede producirse. Por eso resulta especialmente grave que, mientras desde Moncloa se intenta distinguir entre un mensaje, una comunicación, una alerta y un informe formal, los ceutíes tengan que enfrentarse a una pregunta mucho más sencilla: ¿Por qué no se actuó antes?
Ceuta conoce demasiado bien el precio de las ambigüedades. Lo que sucedió el 30 de julio no fue una anécdota migratoria. Fue una invasión. Y quienes estuvieron allí saben perfectamente que el problema no fue una cifra en un informe. Fue que durante horas Ceuta tuvo la sensación de estar sola. Eso es lo que ningún documento debería permitir olvidar.
Mientras en Madrid se discute si el CNI utilizó el término correcto, en Ceuta nos importa si había medios suficientes, si se reforzó la frontera, si se prepararon los servicios sanitarios y asistenciales, si se informó adecuadamente a las autoridades locales y si se tomó en serio una advertencia que hoy sabemos que existió.
El Estado tiene derecho a equivocarse. Lo que no tiene derecho es a negar la evidencia de sus propios documentos. Y tampoco tiene derecho a pedir a Ceuta que vuelva a confiar ciegamente en un sistema que, cuando la frontera se encuentra bajo presión, parece descubrir siempre el problema demasiado tarde.
Esta ciudad no pide privilegios. No pide un trato excepcional. Pide exactamente lo contrario: que se cumpla con ella lo mismo que se exigiría para cualquier otra frontera española. La frontera de Ceuta es frontera de España. Y es frontera de Europa. Y si el sistema entero falló, entonces el Gobierno debe asumir que falló el sistema.
Lo que no puede ocurrir es que, después de la desclasificación, la única conclusión oficial sea que “nadie podía saberlo”. Porque ahora sabemos que sí había señales. Sabemos que hubo comunicaciones. Sabemos que hubo avisos. Sabemos que hubo información compartida con organismos españoles y marroquíes. Lo que todavía no sabemos —y eso es precisamente lo que hay que esclarecer— es por qué esas señales no se tradujeron en una respuesta proporcional. Esa es la pregunta que importa. Y esa es la pregunta que Ceuta no debe dejar de formular. Porque una frontera no se defiende con comunicados posteriores. Se defiende antes. Y esta vez, por lo que dicen los papeles, había tiempo para haber empezado a hacerlo.
