Barbate no es una opción
La situación que atraviesa el sector marítimo, pesquero y portuario de Ceuta por la falta de médico en la Casa del Mar refleja una preocupante desconexión entre las necesidades reales de los trabajadores y la capacidad de respuesta de la administración. Desde hace un año, el Instituto Social de la Marina mantiene sin cubrir una baja esencial para realizar los reconocimientos médicos obligatorios que permiten embarcar. El resultado es tan absurdo como grave: profesionales preparados, con contratos sobre la mesa y empresas necesitadas de personal, no pueden trabajar por la ausencia de un simple trámite sanitario que debería estar garantizado.
El problema adquiere una dimensión todavía más alarmante en plena antesala de la Operación Paso del Estrecho y de la Almadraba, dos periodos clave para la economía ceutí. Mientras las navieras refuerzan plantillas y el sector pesquero multiplica su actividad, la administración continúa sin ofrecer una solución efectiva. Hablar de fomentar el empleo juvenil pierde toda credibilidad cuando son precisamente los jóvenes recién formados quienes encuentran cerrada la puerta al mercado laboral por culpa de la inacción institucional.
La única alternativa que ofrece la administración es enviar a los trabajadores a Barbate o Algeciras para obtener el reconocimiento médico. Para la Asociación Profesional Náutica, que defiende los intereses de los trabajadores ceutíes del mar, obligar a los profesionales a asumir desplazamientos, gastos y pérdida de jornadas laborales para acceder a un derecho básico no puede considerarse una solución. Más aún cuando desde la propia asociación y la Confederación de Empresarios se han planteado alternativas viables, como acuerdos temporales con INGESA, clínicas privadas o incluso sistemas de telemedicina similares a los que ya funcionan en Melilla.
La administración no puede seguir escudándose en excusas burocráticas mientras un sector estratégico permanece bloqueado. Garantizar este servicio no es una cuestión secundaria, sino una obligación imprescindible para proteger el empleo, la actividad económica y la dignidad de cientos de trabajadores del mar en Ceuta.
