Ceuta y el derecho a la vivienda: sin financiación no hay política

La intervención de Tamara Guerrero en la Comisión Multilateral de Vivienda celebrada en Madrid ha puesto cifras -y, sobre todo, realismo- a una cuestión que a menudo se diluye entre porcentajes. Y es que sin financiación suficiente, el derecho a la vivienda corre el riesgo de quedarse en declaración de intenciones.

Siete millones de euros en cinco años. Ese es el montante que correspondería a Ceuta con el actual reparto del Plan Estatal de Vivienda. Traducido a política pública, la cifra resulta difícilmente defendible, pues no permite construir vivienda protegida en cantidad significativa, ni impulsar programas ambiciosos de rehabilitación, ni sostener líneas eficaces de ayudas al alquiler o a la compra. En otras palabras, no permite hacer política de vivienda con impacto.

Frente a ello, el Gobierno de la Ciudad plantea elevar su participación hasta el 1% del total, lo que supondría alcanzar los 70 millones de euros en el mismo periodo. La propuesta puede parecer, a primera vista, un salto considerable. Pero conviene situarla en la plena realidad, y es que incluso con ese incremento, Ceuta seguiría representando una porción muy reducida del conjunto del Plan Estatal, aunque con capacidad real para actuar.

Ceuta no es un territorio más. Su limitada disponibilidad de suelo, su alta densidad de población, la presión constante sobre el mercado residencial y su condición extrapeninsular encarecen cualquier intervención. Aplicar criterios de reparto uniformes sin tener en cuenta estas singularidades no solo es técnicamente discutible, sino que perpetúa desequilibrios.

No se trata de reclamar privilegios, como bien se ha subrayado, sino de introducir racionalidad en el diseño de las políticas públicas. Si el objetivo del Plan Estatal de Vivienda es garantizar el acceso en condiciones de equidad, esa equidad no puede construirse desde la homogeneidad, sino desde el reconocimiento de las diferencias.

Además, Ceuta no parte de cero. La ciudad cuenta con un plan propio, aprobado en 2025, que fija metas concretas como la construcción de cerca de 1.000 viviendas protegidas. Existe, por tanto, una hoja de ruta. Lo que falta es el combustible financiero necesario para recorrerla. Ahora bien, sería ingenuo ignorar que cualquier modificación del reparto implica una negociación compleja. Incrementar la participación de un territorio supone, inevitablemente, ajustar la de otros. Pero esa dificultad política no debería servir de excusa para mantener un modelo que, a la vista de los datos, resulta insuficiente para realidades como la ceutí.

El debate abierto es, en última instancia, una prueba de coherencia institucional. Si el derecho a la vivienda es realmente una prioridad, como se proclama, debe traducirse en asignaciones presupuestarias que permitan hacerlo efectivo en todo el territorio, sin excepciones de facto.

Ceuta ha planteado una demanda concreta, argumentada y alineada con los objetivos estatales. Ignorarla sería tanto como asumir que hay territorios donde las políticas públicas están condenadas, de antemano, a no cumplir su función. Y eso, en materia de vivienda, no debería ser una opción.