Ceuta, sin médicos inspectores
Lo que ocurre en la Dirección Provincial del INSS en Ceuta es, cuanto menos, preocupante. Tres inspectoras médicas de baja y ninguna cobertura en sus puestos durante más de un mes han dejado a centenares de trabajadores atrapados en un limbo burocrático y sanitario. No hablamos de trámites menores: se trata de decidir si una persona está en condiciones de reincorporarse a su empleo o si debe acceder a una incapacidad permanente. La parálisis en estas resoluciones no solo bloquea expedientes, también condiciona vidas.
La solución improvisada por la administración —traer inspectores de Madrid para atender casos por videoconferencia— podrá servir como parche momentáneo, pero dista mucho de ser una respuesta adecuada. La revisión de un informe en la distancia no puede sustituir, en determinados casos, la exploración médica presencial. Y el propio sentido común nos recuerda que no es lo mismo examinar un historial en una pantalla que valorar en persona la situación clínica de un trabajador.
Además, el descontrol en el seguimiento de las bajas —a los cuatro y a los doce meses— abre la puerta a un problema doble: la posible perpetuación de situaciones injustas para quienes sí necesitan la baja y el riesgo de abusos por parte de quienes no la justifican. Todo ello pone en evidencia una fragilidad estructural que va más allá de una coyuntura puntual y que se repite en otras instituciones, como el IMSERSO, donde las carencias médicas también se han cronificado.
Resulta llamativo que, mientras se multiplican los discursos sobre el fortalecimiento de los servicios públicos, la realidad en Ceuta sea que organismos esenciales como el INSS o el IMSERSO funcionen a base de soluciones de emergencia. Los ciudadanos no deberían conformarse con “apaños” que eternizan listas de espera, precarizan la gestión y generan incertidumbre entre los usuarios.
El mensaje es claro: Ceuta necesita profesionales estables en sus instituciones, no parches a distancia ni contratos temporales de última hora. La falta de médicos en servicios tan sensibles no es solo un fallo administrativo; es un déficit de atención a la ciudadanía que, si no se corrige, seguirá minando la confianza en unas instituciones que deberían estar para dar certezas, no para multiplicar problemas.
