Ceuta necesita justicia

Ceuta lleva años demostrando que sabe gestionar bien sus recursos y, sin embargo, sigue enfrentándose a una realidad fiscal que no refleja sus particularidades. Ser ciudad autónoma y a la vez frontera exterior de la Unión Europea no es solo un dato geográfico: implica costes adicionales en seguridad, servicios sociales, vivienda y educación que no existen en otros territorios. Ignorar esto es condenar a la ciudad a vivir con menos recursos de los que realmente necesita.

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes será un buen termómetro para medir si el Gobierno realmente entiende estas diferencias. Kissy Chandiramani tiene un reto claro: conseguir flexibilidad para que Ceuta pueda seguir invirtiendo en proyectos clave, desde vivienda hasta transformación digital. Porque una ciudad que invierte en su futuro no puede verse limitada por reglas rígidas pensadas para cualquier otra administración local.

La reforma del sistema de financiación autonómica es otra oportunidad que no se puede desaprovechar. Ceuta necesita que se reconozcan sus sobrecostes y su singularidad, y que las transferencias reflejen no solo población, sino también los desafíos sociales y económicos que afronta cada día. No es pedir un trato de favor: es pedir justicia financiera.

Además, blindar el Régimen Fiscal Especial y asegurar la continuidad de incentivos como el IPSI o las bonificaciones fiscales es esencial para que la ciudad pueda seguir creando empleo en sectores de alto valor añadido. Sin estabilidad jurídica y fiscal, cualquier plan de crecimiento se queda en buenas intenciones sobre el papel.

Si Ceuta logra transmitir todo esto en el CPFF, no solo ganará la ciudad: ganará España. Porque una frontera segura, con oportunidades económicas y ciudadanos bien atendidos, es un activo estratégico para todo el país. Ignorar la realidad de Ceuta no es solo injusto, es un error de planificación nacional.