Ceuta no necesita alarmas
Las palabras de los responsables públicos no son inocuas. Menos aún cuando se pronuncian desde posiciones de gran visibilidad política y mediática. Por eso resultan tan problemáticas las recientes declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en las que, tras criticar la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez por “comprometer las fronteras, las islas y las costas españolas”, concluía con una advertencia inquietante: “Las siguientes son Ceuta y Melilla”.
Es posible —e incluso probable— que la intención de la presidenta madrileña fuera la de defender la españolidad de ambas ciudades autónomas. Sin embargo, el efecto de sus palabras es exactamente el contrario. Cuando se afirma desde una tribuna política de primer nivel que Ceuta y Melilla podrían ser “las siguientes”, lo que se está trasladando al exterior es un mensaje de fragilidad institucional y de inseguridad territorial que no se corresponde con la realidad.
Ceuta no es una pieza vulnerable en un tablero geopolítico a merced de las coyunturas diplomáticas. Ceuta es una ciudad española plenamente integrada en el ordenamiento constitucional, cuya soberanía está garantizada por la Constitución, por las instituciones del Estado y por el consenso democrático que durante décadas ha sostenido la integridad territorial de España. Esa garantía no depende del color político del Gobierno de turno ni de la coyuntura parlamentaria de cada momento.
A ello se suma, además, el respaldo del marco europeo. Ceuta forma parte de la Unión Europea como territorio español y, por tanto, sus fronteras son también fronteras exteriores de Europa. La ciudad se beneficia de la protección política, jurídica y estratégica que supone pertenecer al proyecto europeo, algo que refuerza aún más su estabilidad y su posición institucional.
Por eso resulta especialmente desafortunado insinuar que la ciudad podría estar en riesgo inmediato. Quienes viven en Ceuta necesitan certezas, no alarmas. Necesitan saber —como de hecho saben— que su condición de ciudadanos españoles está protegida por todo el entramado institucional del Estado. Alimentar dudas sobre esa realidad no fortalece la posición de la ciudad; la debilita.
Además, existe otro aspecto igualmente relevante: la imagen exterior. Ceuta lleva años esforzándose por proyectarse como un territorio estable, seguro y con oportunidades económicas. Esa percepción es clave para atraer inversión, actividad empresarial y confianza institucional.
Cuando desde la política nacional se lanzan mensajes que sugieren incertidumbre sobre su futuro, el daño no es solo retórico. También puede afectar a esa imagen de estabilidad que resulta imprescindible para el desarrollo económico de la ciudad.
La defensa de Ceuta y Melilla debería construirse precisamente sobre el mensaje contrario: el de la tranquilidad institucional, la seguridad jurídica y la firmeza del Estado. Las dos ciudades forman parte de España con plena normalidad constitucional y así debe transmitirse dentro y fuera del país.
En política, la contundencia verbal suele generar titulares rápidos. Pero cuando se habla de territorios concretos y de la seguridad de sus ciudadanos, la responsabilidad exige medir las palabras. Porque a veces, intentando defender una causa legítima, se termina proyectando la duda que precisamente se quería combatir.
Ceuta no necesita alarmas. Necesita confianza, estabilidad y un discurso político que refuerce —y no ponga en cuestión— la certeza de que su presente y su futuro están plenamente garantizados dentro de España.
