Ceuta no quiere más traslados como única respuesta: expulsiones ya
46 días. Cuarenta y seis días desde la entrada masiva y seguimos sin soluciones a la altura de la gravedad de lo ocurrido. Ayer fueron 860 migrantes los trasladados al nuevo centro de acogida de Los Rosales. Hoy puede ser otra cifra, otro dispositivo y otro anuncio. Pero hay una pregunta que sigue sin respuesta: ¿cuándo piensa el Gobierno de Pedro Sánchez poner en marcha las expulsiones que legalmente correspondan?
Porque trasladar no es solucionar. Cambiar a cientos de personas de ubicación puede aliviar temporalmente la presión sobre determinadas instalaciones, pero no resuelve el problema de fondo. Ceuta lleva 46 días soportando las consecuencias de una crisis fronteriza extraordinaria mientras el Gobierno parece conformarse con gestionar el día a día.
Y mientras tanto, la tensión y la violencia crece. Y quienes primero pagan el precio de esa tensión son quienes están en primera línea. Guardias civiles, policías nacionales, militares, sanitarios, bomberos, servicios de emergencia y todos aquellos profesionales que tienen que afrontar cada día las consecuencias de una situación que no han provocado y que tampoco pueden resolver por sí solos. Son ellos quienes tienen que intervenir cuando la situación se complica. Quienes tienen que garantizar la seguridad en las calles. Quienes deben responder ante incidentes, enfrentarse a situaciones de tensión, atender a personas heridas o prestar asistencia sanitaria y de emergencia cuando las circunstancias lo requieren. No se puede exigir a quienes están en primera línea que sean permanentemente el dique de contención de una crisis que necesita una respuesta política del Estado.
No basta con enviar más efectivos cuando la situación se desborda. No basta con reorganizar recursos. No basta con abrir centros de acogida. Y mucho menos basta con confiar en que el problema desaparezca con el paso de los días. Porque detrás de cada operativo hay profesionales. Hay personas que acumulan jornadas de tensión, que trabajan bajo presión y que tienen que afrontar una realidad cada vez más difícil mientras esperan que desde Madrid lleguen soluciones que no llegan.
Y detrás de ellos están sus familias. Y detrás de todos ellos, una ciudad entera. Los ceutíes sufren las consecuencias de una situación que amenaza con convertirse en permanente. No puede aceptarse que la excepcionalidad termine normalizándose. Ceuta no puede convertirse en una sala de espera mientras el Gobierno decide qué hacer.
El Gobierno de Sánchez no puede pretender que un nuevo centro de acogida sea la respuesta que esperan los ceutíes. Los Rosales no puede convertirse en otro parche para una crisis que exige una solución política, jurídica y fronteriza. La solidaridad tiene límites cuando quienes deben garantizar el funcionamiento del Estado deciden mirar hacia otro lado. Ceuta ya ha hecho su parte. Ahora le toca al Gobierno hacer la suya.
No queremos más traslados como única respuesta. No queremos más anuncios sin expulsiones. No queremos que nuestros agentes, nuestros militares, nuestros sanitarios y nuestros servicios de emergencia sigan soportando indefinidamente una presión que corresponde a los políticos gestionar. 46 días son demasiados. Respuestas ya. Expulsiones ya.
