Ceuta no puede seguir esperando una solución

S.D.A.
EL PUEBLO
16 nov 2026 - 02:24

El desalojo de los asentamientos improvisados en los bajos del Baluarte de los Mallorquines vuelve a poner sobre la mesa una realidad que, por mucho que se quiera dar por superada, sigue presente en Ceuta. La intervención de la Policía Nacional y de efectivos militares en la plaza Al-Idrisi, donde alrededor de una veintena de migrantes, entre adultos y menores, habían establecido un campamento improvisado, demuestra que las consecuencias de la crisis migratoria de finales de julio continúan afectando a la ciudad.

No estamos ante un episodio aislado ni ante un problema que pueda resolverse mediante actuaciones policiales puntuales. El desalojo de un asentamiento puede devolver temporalmente un espacio público a los vecinos, pero no soluciona la situación de las personas que permanecen en Ceuta sin que se haya resuelto su situación administrativa. Simplemente desplaza el problema de un lugar a otro.

Y precisamente ahí reside la cuestión de fondo. Y es que Ceuta necesita una respuesta política, administrativa y diplomática que vaya más allá de los dispositivos de vigilancia y los desalojos periódicos.

Los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de sus plazas, playas, calles y espacios públicos con normalidad. También tienen derecho a exigir que las administraciones actúen con responsabilidad y que no conviertan una situación excepcional en una circunstancia permanente. La convivencia y la seguridad deben estar garantizadas, sin que ello suponga ignorar la dignidad ni los derechos de las personas migrantes.

El Gobierno de España tiene una responsabilidad fundamental en esta cuestión. No basta con transmitir mensajes de tranquilidad ni con confiar en que el paso del tiempo termine diluyendo las consecuencias de aquella entrada masiva de personas. Es necesario explicar qué medidas se están adoptando, qué resultados se han conseguido y qué estrategia existe para afrontar los casos que continúan pendientes.

La relación con Marruecos, los procedimientos de extranjería, los posibles retornos y la coordinación entre administraciones son cuestiones que requieren decisiones y compromisos concretos. Naturalmente, cualquier retorno debe ajustarse a la legislación, respetar las garantías individuales y contemplar las obligaciones de protección internacional y de atención a los menores. Pero el cumplimiento de la ley no puede confundirse con la ausencia de una política eficaz.

Especial atención merecen los menores de edad, cuya situación debe abordarse desde la protección y el interés superior del menor, con independencia de las circunstancias que hayan provocado su llegada a la ciudad. No todos los casos son iguales y las respuestas tampoco pueden serlo.

Ceuta no puede quedar atrapada en una sucesión interminable de intervenciones, traslados y desalojos. La ciudad necesita saber qué horizonte maneja el Ejecutivo central y qué compromisos está dispuesto a asumir para evitar que episodios como el ocurrido en la plaza Al-Idrisi sigan repitiéndose.

Tampoco puede exigirse a los ceutíes que acepten como normal una situación que lleva demasiado tiempo generando incertidumbre. Reclamar soluciones no significa cuestionar los derechos de quienes llegan a nuestras fronteras. Significa exigir que las instituciones cumplan con sus obligaciones, protejan a las personas vulnerables y garanticen una convivencia ordenada.

La responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre los servicios policiales, las entidades sociales o los recursos de acogida de una ciudad que, por sus especiales circunstancias geográficas y fronterizas, necesita una implicación constante del Estado.

El desalojo de este domingo debería servir, una vez más, como llamada de atención. Ceuta no necesita únicamente actuaciones para resolver las consecuencias inmediatas de la crisis. Necesita una estrategia de futuro, transparencia institucional, cooperación con Marruecos y decisiones ajustadas a derecho.

La normalidad no se recupera trasladando los problemas de una plaza a otra. Se recupera afrontándolos con responsabilidad y ofreciendo soluciones duraderas.

Ceuta ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad de resistencia y solidaridad. Ahora corresponde al Gobierno de España demostrar que también tiene capacidad para responder a una situación que no puede prolongarse indefinidamente. Los ceutíes no piden privilegios. Piden certezas, responsabilidad y una respuesta a la altura de las circunstancias.

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