Ceuta respira

Ceuta lleva demasiado tiempo viviendo al límite. La presión migratoria, especialmente en lo que respecta a los menores no acompañados, ha puesto contra las cuerdas unos recursos pensados para otra realidad. Por eso, aunque la cifra nacional de reubicaciones roce ya el millar, en Ceuta cada traslado cuenta el doble: porque alivia centros saturados y devuelve algo de margen a una ciudad que no puede ni debe asumir sola esta carga.

El reparto de menores entre comunidades autónomas no es solo una cuestión de números, es una cuestión de equilibrio territorial. Ceuta no es la puerta trasera de nadie, pero sí una frontera especialmente frágil. Cuando el Estado actúa y activa los mecanismos de solidaridad interterritorial, como marca la ley, se empieza a corregir una desigualdad que durante años ha sido evidente.

Los datos avalan el proceso. No ha habido conflictos, no se ha resentido la convivencia y, sobre todo, los menores han visto mejorar sus condiciones de vida. Eso desmonta discursos alarmistas y confirma que una acogida bien organizada funciona. Ceuta gana oxígeno y los niños ganan derechos, que debería ser siempre el centro del debate.

El cumplimiento de los autos del Tribunal Supremo y la inclusión de los solicitantes de asilo en el sistema estatal refuerzan esa idea de responsabilidad compartida. No se trata de “quitarse el problema de encima”, sino de asumir que la protección de la infancia es una obligación del conjunto del país, no solo de los territorios frontera.

Ahora toca no bajar la guardia. Agilizar los traslados pendientes y mantener el ritmo del reparto será clave para que Ceuta deje de vivir en permanente emergencia. Porque este reparto no es un privilegio para la ciudad: es justicia territorial y, sobre todo, humanidad bien entendida.