Cuando la crisis se convierte en negocio

Hay crisis que necesitan ONG y ONG que necesitan crisis. La frase encierra una reflexión incómoda, pero necesaria, especialmente en una ciudad como Ceuta, donde la presión migratoria no es una abstracción, sino una realidad cotidiana que afecta a la convivencia, a los servicios públicos y a la percepción de seguridad de sus vecinos.

La operación de la Guardia Civil contra el entorno de la ONG No Name Kitchen, en el marco de una investigación por la presunta incitación a migrantes a actuar contra las fuerzas de seguridad y la posible distribución de objetos peligrosos, obliga a plantear preguntas que hasta ahora algunos preferían despachar con descalificaciones. La investigación deberá determinar las responsabilidades y la Justicia tendrá la última palabra. Pero el asunto merece algo más que esperar al desenlace judicial, merece una reflexión sobre los límites, las obligaciones y la fiscalización de quienes actúan en nombre de la solidaridad.

Durante mucho tiempo, muchos ceutíes que cuestionaban el comportamiento de determinadas organizaciones, sus métodos o las consecuencias de algunas de sus actuaciones fueron señalados como xenófobos, fascistas o enemigos de los derechos humanos. Como si discrepar de una ONG equivaliera a rechazar la dignidad de las personas migrantes. Como si la palabra solidaridad otorgara inmunidad frente a cualquier crítica.

No es así. Defender los derechos de los migrantes no exige aceptar sin preguntas todo lo que hagan quienes dicen representarlos. Y denunciar posibles irregularidades no convierte automáticamente a nadie en racista. Ceuta tiene derecho a expresar sus inquietudes sin ser sometida a un juicio moral previo.

Si las sospechas que han motivado esta operación se confirmaran, estaríamos ante algo especialmente grave: la perversión de una causa humanitaria y la utilización de una situación de vulnerabilidad para alimentar el enfrentamiento. Una ONG existe para ayudar, no para agravar una crisis, desafiar la legalidad o contribuir a la confrontación con quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad. Conviene, sin embargo, no confundir las sospechas sobre determinadas personas con una condena general al conjunto del voluntariado. Hay organizaciones que realizan una labor humanitaria imprescindible y personas que dedican su tiempo a atender necesidades reales. Precisamente por respeto a esa labor, cualquier conducta irregular debe investigarse y cualquier responsabilidad acreditada debe exigirse. La solidaridad no puede ser un cheque en blanco.

Quizá la verdadera cuestión sea esta: ¿trabajan algunas organizaciones para aliviar las crisis o terminan necesitando que esas crisis perduren para justificar su propia existencia? La pregunta no admite respuestas colectivas ni prejuicios, pero sí merece ser formulada.

Porque las crisis humanitarias necesitan ayuda. Lo que no necesitan es que nadie encuentre en ellas una oportunidad para alimentar el conflicto. Y los ceutíes no deberían tener que elegir entre defender la dignidad humana y exigir que se cumpla la ley. Ambas cosas son perfectamente compatibles.