Cuando quienes deben proteger las libertades las dificultan
La libertad de información no es una concesión de las autoridades. Es un derecho fundamental que constituye uno de los pilares esenciales de cualquier Estado de Derecho. Por ello, resulta especialmente preocupante que un redactor de este medio haya sido objeto de un trato impropio por parte de algunos agentes de la Guardia Civil mientras cubría un dispositivo de búsqueda desplegado tras la entrada de inmigrantes en Ceuta este martes.
Nuestro compañero fue identificado de manera innecesariamente hostil y recibió impedimentos para realizar su trabajo informativo y tomar fotografías de una actuación que revestía evidente interés público. Más allá de las circunstancias concretas, lo verdaderamente grave es la actitud exhibida por determinados agentes, caracterizada por formas despectivas, una evidente falta de educación y una concepción equivocada de la relación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los medios de comunicación.
La crítica debe ser clara y firme. Ningún periodista que desempeñe su labor de forma legítima merece ser tratado con arrogancia, desprecio o prepotencia. Ningún servidor público debería confundir la autoridad que le otorga la ley con una supuesta superioridad frente a los ciudadanos o los profesionales de la información. El respeto es una exigencia recíproca y una obligación aún mayor para quienes representan al Estado.
Ahora bien, sería injusto extender esta crítica al conjunto de la Guardia Civil. La experiencia acumulada durante años en Ceuta demuestra precisamente lo contrario. La inmensa mayoría de los agentes destinados en nuestra ciudad desempeñan su labor con profesionalidad, cercanía y respeto, incluso en situaciones de enorme complejidad y presión operativa. Son muchos los guardias civiles que entienden perfectamente el papel de la prensa y que facilitan, dentro de los límites legales y de seguridad necesarios, el ejercicio del derecho a informar.
Precisamente por ese respeto hacia la institución resulta aún más llamativo el comportamiento de algunos agentes llegados desde la península para reforzar determinados servicios. Desgraciadamente, determinadas actitudes marcadas por la chulería, la mala educación y una innecesaria confrontación con periodistas y ciudadanos no solo perjudican la imagen de quienes las protagonizan, sino también la del propio cuerpo al que representan. Son comportamientos que difícilmente encajan con los valores históricos de la Guardia Civil: servicio, disciplina, honor, respeto y vocación pública.
La autoridad se ejerce mejor cuando no necesita exhibirse constantemente. El prestigio de una institución no se fortalece mediante imposiciones arbitrarias ni mediante actitudes intimidatorias, sino a través de la profesionalidad, la corrección y el respeto a los derechos fundamentales. Quien dificulta injustificadamente la labor periodística no está defendiendo mejor la seguridad, está contribuyendo a erosionar la confianza que debe existir entre las instituciones y la sociedad.
Los periodistas no somos adversarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Nuestra función consiste en informar a los ciudadanos sobre hechos de interés público, especialmente cuando estos se desarrollan en espacios y actuaciones que afectan directamente a la sociedad. Una democracia madura necesita policías y guardias civiles que garanticen la seguridad, pero también necesita periodistas que puedan observar, documentar y contar lo que sucede sin presiones indebidas ni obstáculos arbitrarios.
La libertad de prensa no existe para proteger a los periodistas. Existe para proteger el derecho de los ciudadanos a conocer la realidad. Cada vez que se intenta dificultar injustificadamente el trabajo informativo, no solo se perjudica a un profesional concreto, se resiente un principio fundamental sobre el que descansa nuestra convivencia democrática.
Por ello, este medio expresa su más firme rechazo a la actuación de los agentes implicados y reivindica el respeto debido a quienes ejercen la profesión periodística. Defender la libertad de información no es una cuestión corporativa. Es defender uno de los fundamentos esenciales de nuestro Estado de Derecho.
