Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
Hoy, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, conviene mirar más allá de la conmemoración y preguntarse si la cultura preventiva ha avanzado al mismo ritmo que las leyes que la sustentan. Hace tres décadas, la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales supuso un antes y un después en España, introdujo un marco moderno, alineado con Europa, que situaba la protección de los trabajadores como una prioridad ineludible. Sin embargo, la distancia entre la norma y su aplicación efectiva sigue siendo, en demasiados casos, preocupante.
Los datos invitan a una lectura ambivalente. Por un lado, la reducción de la siniestralidad en el conjunto del país -con 620.386 accidentes laborales en 2025, un 1,3% menos que el año anterior, y 61 fallecidos menos- refleja avances indiscutibles. En Ceuta, con 555 accidentes laborales con baja durante el mismo periodo y sin siniestros mortales desde diciembre de 2024, la tendencia también parece apuntar a una mejora. Pero detrás de estas cifras se esconde una realidad menos complaciente, la persistencia de accidentes, muchos de ellos evitables, y la sospecha fundada de que no todo lo que ocurre en los centros de trabajo queda registrado.
La prevención, denuncian los sindicatos, sigue siendo con frecuencia una obligación formal más que una práctica interiorizada. Protocolos al día, sí, pero escasa pedagogía y cultura preventiva en el día a día. La seguridad no puede reducirse a un documento que se archiva para evitar sanciones. Debe ser un compromiso real, asumido por empresas y trabajadores, integrado en cada proceso y en cada decisión.
A ello se suma otro problema silencioso como lo es la infradeclaración de enfermedades profesionales. Cuando dolencias derivadas del trabajo se catalogan como comunes, no solo se falsean las estadísticas; se retrasa el diagnóstico, se incrementan los riesgos y se recortan derechos. La prevención no consiste únicamente en evitar accidentes visibles, sino también en detectar y reconocer los daños menos evidentes que provoca el trabajo.
El debate sobre las bajas laborales ilustra bien el clima de tensión existente. Mientras la patronal subraya el coste económico del absentismo, los sindicatos apuntan a causas estructurales como la sobrecarga de trabajo, la precariedad o la deficiente organización empresarial. Reducir la cuestión a cifras económicas simplifica un problema complejo y, en última instancia, desdibuja la raíz del mismo: las condiciones en las que se trabaja.
Por ello, la labor de la Inspección de Trabajo -con recursos limitados en territorios como Ceuta- resulta esencial, pero insuficiente por sí sola. La seguridad laboral no puede depender únicamente del control externo, exige corresponsabilidad y una auténtica cultura preventiva que impregne todo el tejido productivo.
Treinta años después de aquella revolución legal, el reto ya no es tanto normativo como cultural. La seguridad y la salud en el trabajo no deben entenderse como un coste ni como un trámite, sino como un derecho fundamental y una inversión social. Convertir esa convicción en realidad cotidiana es, hoy, la tarea pendiente.
