Escenas impropias de un Estado decente
Lo ocurrido ayer en Ceuta resume en pocas horas la gestión de una crisis que el Gobierno lleva casi dos meses sin resolver: personas trasladadas desde las playas a un dispositivo de acogida y, poco después, parte de ellas regresando a las mismas chabolas y tiendas porque no hay capacidad suficiente para todos. ¿No decían que solo quedaban cinco mil? Esta no es una solución. Es un fracaso.
Una ciudad de apenas 84.000 habitantes volvió a contemplar escenas impropias de un Estado que pretende ejercer el control efectivo de su territorio. Las playas convertidas en asentamientos improvisados, las carreras hacia los nuevos centros, los dispositivos policiales insuficientes y la incertidumbre sobre qué ocurrirá mañana son el resultado visible de una crisis que comenzó hace casi dos meses y que el Gobierno de Pedro Sánchez solo hace empeorar.
El propio Ejecutivo reconoce la dimensión extraordinaria de lo ocurrido. Tras las entradas masivas del 30 y 31 de julio, el Gobierno declaró la situación de interés para la seguridad nacional y ha ido habilitando miles de plazas adicionales. Pero la imagen que queda hoy es demoledora… se construyen nuevos espacios mientras otros permanecen saturados y miles de personas continúan fuera de ellos. En definitiva, un Estado paralizado ante los acontecimientos y que lleva casi dos meses sin cerrar un solo expediente de expulsión de quienes entraron durante la invasión y no tienen ningún derecho a permanecer en Ceuta. El Gobierno, en resumen, parece tener más prisa por enquistar la situación de caos en Ceuta que por expulsar a los ilegales.
Existen obstáculos legales. Por supuesto. Los menores requieren garantías específicas. Las solicitudes de asilo deben ser examinadas individualmente. Y Marruecos desempeña un papel imprescindible en los procedimientos de retorno. Pero una dificultad jurídica no equivale a una autorización para la inacción.
Nada de eso se soluciona trasladando personas de una playa a una carpa. Tampoco ayuda a la credibilidad del Estado que la respuesta llegue siempre después de que las imágenes hayan dado la vuelta al país. Primero fueron las playas. Después, los asentamientos. Después, los dispositivos temporales. Y ahora, el puerto. El Gobierno amplía la capacidad de acogida mientras la presión continúa creciendo. La propia realidad ha demostrado que cada nueva plaza puede quedarse corta si no existe, simultáneamente, una estrategia eficaz para resolver la situación administrativa de quienes permanecen en Ceuta.
Si el Gobierno de Sánchez hubiera querido solucionar ya la crisis habría reforzado de verdad la filiación el día 1 de agosto con una marea de funcionarios, habría pedido a ayuda a Bruselas, habría contrarrestado por ley el hueco marítimo que dejó el Supremo, habría exigido a Rabat una readmisión masiva y verificable, y habría separado con claridad a los adultos sin indicios de protección de quienes sí merecen un examen individual. Quizá, incluso, habría declarado el estado de excepción en Ceuta. La solución, por tanto, no es saltarse la ley. Es hacer que la ley funcione. Porque Ceuta no es un CETI con vistas al Estrecho.
La fotografía de hoy debería servir como una advertencia al Gobierno de Sánchez: trasladar a 1.700 personas para descubrir después que miles siguen fuera no es haber resuelto una crisis. Es haber cambiado su escenario. Ceuta necesita menos improvisación y más Estado. Menos campamentos provisionales y más decisiones. Menos anuncios de nuevas plazas y más expedientes resueltos. Porque el problema no desaparece cuando se traslada de la playa al puerto. Simplemente cambia de lugar.
