¿A qué espera Sánchez?

Ceuta ya no necesita más explicaciones. Necesita que el Gobierno actúe. La ciudad lleva demasiado tiempo soportando las consecuencias de una entrada masiva e ilegal que desbordó sus capacidades y que volvió a demostrar, de la forma más dolorosa posible, que Ceuta está en primera línea de una frontera europea que el Estado no puede permitirse gestionar a golpe de improvisación.

Los días 30 y 31 de julio marcaron un antes y un después. Y, sin embargo, semanas después, seguimos esperando una respuesta contundente para quienes permanecen en Ceuta tras aquella entrada irregular. La pregunta es inevitable: ¿a qué espera Pedro Sánchez? ¿A que la situación se enquiste? ¿A que los servicios públicos colapsen? ¿A que crezca la indignación de los ceutíes? ¿A que haya un estallido social? ¿Qué más tiene que ocurrir para que el Gobierno entienda que esto no puede continuar?

Bruselas ha dejado claro que el marco jurídico europeo permite los retornos a Marruecos. Por tanto, la excusa de que Europa impide actuar ya no sirve. Lo que queda es la decisión política. Y ahí es donde está el problema. Porque si existen mecanismos legales, si existe cooperación con Marruecos, si existe un Estado con competencias en materia de fronteras y si existe una ciudad que lleva semanas reclamando una solución, ¿por qué no se ejecutan con la máxima celeridad los retornos que sean legalmente procedentes?

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, lo ha vuelto a decir: falta voluntad política por parte del Gobierno de España. Y esta vez no es solamente Vivas quien lo dice. Lo perciben las entidades sociales. Lo denuncian asociaciones. Lo sufren policías, guardias civiles, militares y profesionales sanitarios. Lo advierten empresarios y trabajadores. Lo conocen quienes trabajan diariamente en los servicios públicos. Y lo siente una ciudadanía que empieza a preguntarse, con toda legitimidad, cuánto tiempo más tendrá que pagar Ceuta el precio de la inacción del Estado.

Porque una cosa debe quedar absolutamente clara: la solidaridad de los ceutíes no puede utilizarse como sustituto de la responsabilidad del Gobierno. Ceuta ha respondido. Ceuta ha acogido. Ceuta ha puesto recursos, instalaciones y profesionales. Ceuta ha vuelto a demostrar que está a la altura cuando llegan las emergencias.

Ahora le toca al Estado. Y el Estado no puede responder mirando hacia otro lado.

Porque lo contrario tiene un nombre: abandono.

Y Ceuta está cansada de ser el territorio al que se le pide paciencia mientras el resto del país mira hacia otro lado. Estamos cansados de que cada crisis termine convirtiéndose en un problema exclusivamente ceutí. Estamos cansados de que las consecuencias se queden aquí mientras las decisiones se toman a cientos de kilómetros. Estamos cansados de que Madrid aparezca cuando hay que hacer declaraciones y desaparezca cuando toca resolver.

La frontera de Ceuta es frontera española y frontera europea. Lo que sucede aquí no es un problema municipal, ni autonómico, ni exclusivamente ceutí. Es una responsabilidad del Estado. Y el Estado tiene que ejercerla. Por eso el Gobierno debe abandonar de una vez la política de la espera, de los anuncios y de las reuniones sin resultados. Hay que poner fecha, medios y objetivos concretos a los retornos. Cada día de demora agrava el problema. Cada día de inacción transmite un mensaje peligrosísimo: que entrar ilegalmente en Ceuta puede acabar siendo una situación sin respuesta efectiva. Ese mensaje no puede permitirse.

Y tampoco puede permitirse otro: que la presión migratoria puede descargarse indefinidamente sobre una ciudad pequeña, limitada territorialmente y con unos servicios que no son infinitos. Ceuta tiene un límite. Lo tienen sus centros de acogida. Lo tienen sus hospitales. Lo tienen sus fuerza y cuerpos de seguridad. Lo tienen sus recursos públicos. Y lo tiene, también, la paciencia de sus ciudadanos.

Porque los ceutíes solo están pidiendo que el Estado haga su trabajo. Y hacerlo significa proteger la frontera, garantizar la seguridad, asumir el coste de la crisis y ejecutar las devoluciones y retornos que sean legalmente posibles. Sin excusas. Sin más demoras. Sin más promesas…

¿A qué espera Sánchez? La respuesta no puede ser que espera a que la situación empeore. Porque cuando un Gobierno sabe que un problema está creciendo y, aun así, decide no resolverlo, deja de ser solamente un problema de gestión. Se convierte en una decisión política.

Y Ceuta ya sabe quién tendrá que responder por ella.