La falta de medios sigue siendo vergonzosa
Ha pasado más de un mes desde la entrada masiva del 30 y 31 de julio y la pregunta que hoy debería estar sobre la mesa en Madrid es tan sencilla como incómoda: ¿cuánto tiempo más piensa el Gobierno mantener a Ceuta en esta situación?
Lo que estamos viendo ya no puede calificarse de una emergencia recién llegada. Ha habido tiempo suficiente para reaccionar, organizar recursos, reforzar efectivos, acelerar procedimientos y devolver a la ciudad una mínima sensación de normalidad. Y, sin embargo, lo que se vive en Ceuta es exactamente lo contrario: improvisación, atasco, falta de medios y decisiones que parecen tomadas sin comprender las características de esta ciudad.
Esto es inaceptable.
Los datos conocidos son demoledores. El SUP denuncia que las filiaciones en el CATE se realizan a un ritmo aproximado de 80 personas al día y que solo están operativos entre cuatro y cinco ordenadores. El sindicato reclama al menos 20 equipos informáticos y más agentes para elevar la capacidad hasta 250 o 300 filiaciones diarias. Con los medios actuales, advierte, solo completar el registro de quienes quedan pendientes podría llevar alrededor de diez meses; el procedimiento completo, contando las posteriores tramitaciones administrativas y de protección internacional, podría prolongarse mucho más. ¿De verdad esta es la respuesta de un Estado ante una crisis de tal magnitud?
Cuatro o cinco ordenadores para afrontar miles y miles de expedientes no es una limitación menor. Es una imagen perfecta de una gestión que no está a la altura del problema. Cuando el cuello de botella se encuentra en algo tan elemental como disponer de equipos informáticos, no estamos ante una imposibilidad jurídica ni ante una complejidad administrativa insalvable. Estamos ante una falta de medios vergonzosa que el Gobierno tiene la obligación de solucionar inmediatamente.
Y tampoco resulta tranquilizador que los propios sindicatos policiales denuncien que efectivos que deberían estar prestando servicio en las calles o en la frontera tengan que ser destinados a cubrir las carencias de Extranjería. El SUP ha denunciado incluso la retirada de un indicativo Z de patrulla para dedicarlo a funciones de control de acceso. Por su parte, informaciones publicadas este viernes apuntan a una reducción de 12 a 8 policías por turno en el puesto fronterizo, precisamente cuando lo razonable sería reforzar la frontera y no adelgazarla.
Esto es sencillamente incomprensible. Si una crisis demuestra algo, es precisamente dónde están las debilidades del sistema. Y la frontera de Ceuta debería ser hoy una prioridad absoluta del Estado. No solo por lo ocurrido en julio, sino porque la presión sobre la ciudad no ha desaparecido y porque la cuestión fronteriza tiene una dimensión que trasciende con mucho la inmigración irregular. Marruecos ha vuelto a poner sobre la mesa sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla. El ministro marroquí Nizar Baraka ha reiterado este mismo viernes que Rabat no renuncia a sus reivindicaciones territoriales.
En este contexto, España no puede permitirse el lujo de transmitir debilidad precisamente en uno de los puntos más sensibles de su territorio. No se trata de buscar una confrontación con Marruecos. Se trata de algo mucho más elemental, España debe proteger eficazmente sus fronteras y dejar perfectamente claro que Ceuta es España y que su frontera no es negociable. Y para eso hacen falta policías y guardias civiles suficientes, medios materiales, inteligencia, coordinación y una estrategia permanente. No improvisaciones constantes.
También resulta inadmisible la opacidad que rodea la situación. Las cifras oficiales y las estimaciones sindicales son radicalmente diferentes: mientras Interior continúa manejando una cifra en torno a los 5.000 migrantes pendientes, el SUP estima que pueden ser unos 15.000. ¿Cómo puede el Gobierno gestionar correctamente una crisis si ni siquiera existe una fotografía pública, clara y creíble de su verdadera dimensión? La ciudadanía merece conocer cuántas personas permanecen en Ceuta, cuántas han sido identificadas, cuántas han solicitado protección internacional, cuántas cumplen los requisitos para permanecer en España, cuántas tienen procedimientos de retorno abiertos y cuántas han sido efectivamente devueltas. Información, transparencia y resultados. Eso es lo que corresponde exigir.
Tampoco puede aceptarse que las reclamaciones de los policías sean tratadas como una molestia. Cuando organizaciones como el SUP, la UFP o CSIF alertan de problemas de personal, medios, organización, identificación y condiciones de trabajo, lo mínimo exigible al Ministerio del Interior es escuchar, responder y actuar. SUP y UFP han denunciado incluso restricciones a la actividad de sus representantes en determinadas dependencias policiales. No se puede gobernar una emergencia intentando que las voces incómodas dejen de escucharse.
Nosotros no nos vamos a cansar de reiterarlo cada día. Ceuta necesita que se termine de identificar a quienes permanecen en la ciudad con todos los procedimientos. Necesita que se resuelvan con celeridad los expedientes que puedan resolverse. Necesita que quienes no tengan derecho a permanecer en territorio español sean retornados. Y necesita, por encima de todo, que la frontera vuelva a estar suficientemente dotada y preparada para impedir que una situación semejante vuelva a repetirse.
Todo ello debe hacerse dentro de la ley. Precisamente por eso resulta todavía más grave que el sistema esté atascado: cuando la Administración carece de medios para aplicar sus propios procedimientos, pierde capacidad de proteger tanto al ciudadano como al propio migrante. Ha pasado más de un mes. Ya no vale hablar únicamente de emergencia. Ahora toca exigir responsabilidades por la gestión.
