La frontera de Ceuta no se protege con discursos
La comparecencia de Pedro Sánchez este jueves dejó la sensación de que la principal preocupación del Gobierno era explicar por qué no tiene que asumir ninguna responsabilidad. Sánchez ha convertido la crisis de Ceuta en un problema de relato El presidente comparecía para hablar de la entrada masiva que ha puesto a Ceuta ante una situación extraordinaria y que, por su dimensión y por sus implicaciones, exige algo más que una defensa cerrada de la actuación del Ejecutivo.
Sánchez negó que existan pruebas sólidas que permitan atribuir a Marruecos la planificación de lo ocurrido, apeló a la prudencia y anunció la publicación de los informes disponibles. Todo eso puede ser necesario. Pero no responde a la pregunta fundamental que Ceuta lleva semanas formulando: qué falló, quién tenía que haberlo previsto, por qué no se actuó antes, cuando se va a expulsar a los invasores y qué se va a hacer para que no vuelva a ocurrir. Ese es precisamente el agujero que deja la intervención de Sánchez.
Vivas lo expresó con claridad en las horas posteriores a la crisis y lo ha vuelto a plantear ahora: si el propio Gobierno llegó a calificar los acontecimientos en términos de una amenaza a la integridad territorial, no resulta comprensible que la respuesta posterior no estuviera a la altura de la gravedad reconocida. Y, sobre todo, sigue sin contestarse por qué, después de lo sucedido en 2021, no existía un plan suficientemente sólido para impedir que Ceuta volviera a quedar expuesta a una situación semejante.
Esta no es una discusión semántica. No se trata de decidir si aquella avalancha debe describirse con una palabra u otra. Se trata de una cuestión elemental de Estado, que debe explicar que si España conocía desde hace años la extraordinaria vulnerabilidad de su frontera en Ceuta, ¿cómo es posible que decenas de miles de personas pudieran dirigirse hacia ella sin que las instituciones fueran capaces de anticipar y contener una situación de semejante magnitud?
Resulta insuficiente que el presidente asegure ahora que España no renunciará jamás a la soberanía de Ceuta y Melilla. Porque la españolidad de Ceuta no solo necesita una declaración solemne cada vez que se produce una crisis: necesita hechos, previsión, medios y una política de Estado. Sánchez ha planteado también reforzar la presencia europea de las ciudades y avanzar en su integración en la Unión Aduanera, una reivindicación de indudable interés para Ceuta. Pero Europa no puede convertirse en el argumento que tape las carencias de España.
Tampoco basta con apelar a la cooperación con Marruecos. La cooperación con el país vecino es necesaria y cualquier Gobierno responsable debe preservarla cuando redunda en beneficio de la seguridad y la estabilidad. Pero cooperar no significa aceptar que la seguridad de una frontera española dependa de la buena voluntad de un tercero. La primera obligación del Estado es proteger sus propias fronteras y a sus ciudadanos.
Y aquí aparece la contradicción más preocupante de la comparecencia presidencial. El Gobierno reclama prudencia para no sacar conclusiones precipitadas sobre Marruecos, mientras pretende que demos por cerrada la cuestión sobre la actuación del propio Gobierno sin que se hayan despejado todas las incógnitas.
La transparencia anunciada por Sánchez es bienvenida. Pero publicar informes no equivale a dar explicaciones. Los documentos tendrán que permitir conocer qué información recibió cada organismo, cuándo la recibió, qué decisiones se tomaron, quién las tomó y por qué. Y, especialmente, qué medidas concretas se adoptarán para evitar una repetición. Porque eso es lo que Ceuta exige. No exige una pelea partidista. No necesita que unos utilicen la crisis para agitar el miedo y otros para negar que haya existido un problema. En este sentido, el presidente Vivas acierta reclamando precisamente que se aclare lo sucedido por el bien de Ceuta y de España, y que se determinen responsabilidades políticas y jurídicas si las hubiera.
Esa exigencia no es partidista. Es institucional. Ceuta ha demostrado demasiadas veces que sabe comportarse con una dignidad que, en ocasiones, contrasta con la altura del debate político que se produce lejos de ella. La respuesta de sus ciudadanos en esta crisis vuelve a demostrarlo, y el reconocimiento de esa solidaridad por parte del presidente del Gobierno está bien, pero el agradecimiento no puede sustituir a la responsabilidad del Estado.
Lo ocurrido ha dejado una lección que sería irresponsable desaprovechar: Ceuta no puede volver a improvisar ante una emergencia de esta dimensión. Hace cinco años ya ocurrió una crisis de frontera de proporciones extraordinarias. Cinco años eran tiempo suficiente para aprender, planificar y reforzar mecanismos de prevención. Si el sistema falló otra vez, alguien tendrá que explicar por qué. Y si no falló, alguien tendrá que demostrarlo. Lo que no puede hacer el Gobierno es pedir a Ceuta que se conforme con un relato tranquilizador.
Sánchez ha pedido unidad y lealtad institucional como receta para superar la crisis. La unidad institucional, por supuesto, es deseable. Pero la lealtad institucional no puede confundirse con silencio institucional. Ser leal a España y a Ceuta significa exigir respuestas cuando son necesarias, aunque esas respuestas incomoden al Gobierno de turno. La ciudad no necesita que le digan que tiene razón dentro de unos meses, cuando los informes estén publicados y el debate haya perdido intensidad. Necesita saber hoy qué ocurrió. Necesita saber por qué ocurrió. Y necesita tener la certeza de que no volverá a ocurrir. Eso, y no el ejercicio parlamentario de justificar lo injustificable, es lo que debería haber ocupado el centro de la comparecencia del presidente del Gobierno. Porque una frontera no se protege con discursos. Se protege antes de que sea demasiado tarde.
