El Gobierno sigue sin responder: ¿qué hará si vuelve a suceder?

Este miércoles preguntamos al ministro Torres en rueda de prensa. La pregunta era sencilla. La respuesta, sorprendentemente, no llegó. Ante la posibilidad de que vuelvan a producirse intentos de entrada masiva desde Marruecos, ¿qué medidas ha adoptado el Gobierno de España? ¿Qué protocolo existe? ¿Qué se hará si los avisos que circulan estos días terminan convirtiéndose en una nueva avalancha?

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no lo explicó. Habló de alertas anteriores, de mensajes en redes sociales, de informes de años pasados, de actuaciones judiciales, de retornos, de los recursos disponibles y de la necesidad de colaborar con la Justicia. Todo eso puede ser pertinente, pero no responde a la pregunta fundamental: ¿qué va a hacer el Estado si vuelve a suceder?

Y esa falta de respuesta resulta especialmente preocupante después del pasado 30 de julio. El propio Gobierno admite que antes de aquella jornada existían informaciones que apuntaban a un incremento de las llegadas. El presidente Pedro Sánchez ha reconocido que se detectaron movimientos, aunque —según su versión— no se pudo prever la magnitud de lo que finalmente ocurrió. Precisamente por eso, Ceuta tiene derecho a saber qué se ha aprendido.

Porque si la conclusión del Gobierno es que nadie podía prever aquella dimensión, la obligación ahora debería ser extremar la prevención. Y si existen nuevos avisos, aunque finalmente puedan quedar en nada, la obligación es explicar qué mecanismos están preparados para que la ciudad no vuelva a quedar expuesta. No basta con decir que las alertas “han existido siempre”. Tampoco basta con recordar que algunas no se cumplieron. Una alerta que finalmente no se materializa no convierte en innecesaria la prevención.

Lo que resulta difícilmente aceptable es que, cuando Ceuta pregunta qué ocurrirá ante una nueva entrada masiva, se le responda hablando de lo ocurrido ayer, de lo ocurrido en 2023 o de los procedimientos administrativos posteriores al 30 de julio. Ceuta pregunta por mañana. Y la ciudadanía merece saber si existe un plan concreto para proteger la frontera, para reforzar los medios disponibles y para evitar que una nueva avalancha vuelva a desbordar a la ciudad.

Más aún cuando el presidente del Gobierno ha defendido públicamente que durante aquellas horas se tomó una decisión “inteligente” para causar el menor daño posible a los migrantes. Una afirmación que puede formar parte del debate político, pero que no resuelve la cuestión esencial para los ceutíes: ¿qué ocurrirá la próxima vez? Porque nadie está pidiendo que se actúe al margen de la ley. Se está reclamando algo mucho más elemental: previsión, seguridad, transparencia y capacidad de respuesta.

Después de una crisis como la vivida el 30 y 31 de julio, Ceuta no debería tener que arrancarle al Gobierno las respuestas. Debería recibirlas antes de que vuelva a sonar la alarma. Y si el Gobierno considera que no existe ninguna amenaza concreta, que lo diga claramente. Si considera que los avisos carecen de fundamento, que lo explique. Y si existe un plan de contingencia, que diga, dentro de los límites que imponga la seguridad, en qué consiste y qué medios se han dispuesto.

Lo que no sirve es esquivar la pregunta. Ceuta ya ha sufrido las consecuencias de llegar tarde. Lo mínimo que puede exigir ahora es saber si el Estado está preparado para no volver a llegar tarde.