Con la Guardia Civil, no
Hay cosas con las que no se juega. Y acusar de torturas a quienes llevan semanas partiéndose la cara en Ceuta es una de ellas. Ione Belarra puede pensar lo que quiera, criticar al Gobierno, pedir explicaciones y exigir investigaciones. Faltaría más. Pero señalar a policías y guardias civiles con una acusación de semejante calibre exige algo más que un micrófono delante y ganas de conseguir el titular del día.
Porque mientras algunos hablan desde Madrid, aquí hubo agentes que vieron cómo se les venía encima una situación absolutamente desbordante. Hubo servicios interminables, descansos suspendidos, vacaciones alteradas y hombres y mujeres trabajando cuando Ceuta atravesaba uno de los momentos más difíciles que se recuerdan. Y después de todo aquello, lo mínimo que merecen es respeto. Si alguno hizo algo ilegal, que se investigue y que pague por ello. Pero embarrar a todo un colectivo es otra cosa.
Belarra ha utilizado una palabra demasiado seria como para lanzarla alegremente al aire: tortura. Pues bien, si tiene pruebas, que vaya al juzgado. Mañana mismo. Que las presente, que señale hechos concretos y que la Justicia actúe. Así funciona un Estado de derecho. Lo que no vale es arrojar una acusación gravísima, dejarla flotando sobre miles de profesionales y marcharse después tan tranquila esperando que llegue el siguiente titular.
Y quizá ese sea precisamente el problema. En política se ha instalado la costumbre de decir cuanto más grueso, mejor. Todo vale por unos segundos de televisión, unas cuantas publicaciones en las redes sociales y el aplauso de los propios. Pero detrás del uniforme hay personas. Padres, madres, hijos, vecinos nuestros. Gente que aquella noche no estaba escribiendo mensajes desde un sofá, sino trabajando en una frontera convertida en un auténtico caos.
A la Guardia Civil y a la Policía se les fiscaliza, por supuesto. Se investigan sus actuaciones cuando haya motivos y se castiga cualquier abuso que pueda demostrarse. Eso también es democracia. Pero convertirlos gratuitamente en sospechosos para alimentar una batalla política es una irresponsabilidad. Así que menos discursos y más pruebas. Y si no las hay, una rectificación. Porque ensuciar un uniforme cuesta apenas unos segundos; recuperar el buen nombre de quienes lo llevan puede costar años.
