Una huelga que exige ser escuchada
La huelga nacional convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que arranca este martes y se prolongará hasta el viernes, vuelve a situar sobre la mesa un conflicto que se ha ido enquistando en los últimos años: la ausencia de un marco laboral propio para los facultativos dentro del Sistema Nacional de Salud. Los médicos reclaman un Estatuto Médico que reconozca las singularidades de su profesión —una formación más prolongada, responsabilidades directas sobre la vida del paciente, turnos de guardia que comprometen la conciliación y una creciente escasez de personal— y que les permita abrir una vía de negociación directa con el Ministerio de Sanidad.
Aunque cada huelga implica molestias para la ciudadanía, es importante subrayar que los servicios esenciales siguen garantizados. Las urgencias funcionarán con normalidad y los facultativos asignados a servicios mínimos solo atenderán casos urgentes. El resto de citas y cirugías programadas deberán reprogramarse, un trastorno inevitable pero consecuencia de un conflicto que ni Sanidad ni los propios profesionales parecen dispuestos a obviar por más tiempo.
En Ceuta, donde la huelga se acompañará de una concentración a las puertas del Hospital Universitario, se respira un clima especialmente tenso. Las cifras del paro anterior, celebrado el 3 de octubre, son un reflejo de esa disparidad en la percepción del conflicto: mientras el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria cifró el seguimiento en un 6,41% en Ceuta y Melilla, el Sindicato Médico local elevó la participación hasta “más del 80%”. La distancia entre ambas versiones es, en sí misma, un síntoma del deterioro de la confianza entre administración y facultativos.
El Ministerio de Sanidad no puede seguir obviando esta fractura. España afronta un déficit creciente de médicos, especialmente en áreas críticas y atención primaria. Cada guardia que se cubre por compromiso personal y cada especialidad que pierde efectivos son recordatorios de un sistema que se sostiene demasiado a menudo sobre la vocación, y demasiado poco sobre estructuras laborales claras y justas.
Una negociación real, transparente y orientada a soluciones duraderas no es solo una exigencia de los sindicatos médicos; es una obligación institucional para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público. La huelga de esta semana debería servir no para medir fuerzas, sino para abrir un diálogo honesto que reconozca la legitimidad de las reivindicaciones y la urgencia de actuar.
Porque, al final, el conflicto no enfrenta a médicos y pacientes. Enfrenta a profesionales agotados y a un sistema que lleva años posponiendo reformas esenciales. Escuchar —y actuar— ya no es una opción: es una responsabilidad.
