La inacción de Moncloa ante las alertas de Ceuta

Cuando existen señales de una situación extraordinaria, cuando los responsables sobre el terreno advierten de un posible colapso y cuando incluso los servicios de inteligencia trasladan información sobre un posible asalto a la frontera, la obligación de cualquier Gobierno es escuchar, comprobar y actuar con urgencia. Lo que se está conociendo ahora en la Audiencia Nacional obliga, como mínimo, a exigir explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez.

Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, ha reiterado ante la jueza María Tardón que las advertencias de la Delegación fueron trasladadas a distintos ministerios y que, según su versión, aquellas peticiones no obtuvieron la respuesta necesaria. Ha relatado además que el entonces delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, le trasladó su “frustración e impotencia” porque, desde las instancias superiores, la situación se contemplaba como “un verano más”.

Si ese relato queda acreditado, estaríamos ante una cuestión de enorme gravedad institucional, no ante una emergencia completamente imprevisible, sino ante una sucesión de advertencias que no habría encontrado una respuesta proporcional. Hay elementos que ya no pueden despacharse con explicaciones políticas. Sanz asegura que el 24 de julio redactó un informe “muy contundente” que fue enviado al Ministerio de Política Territorial. También sostiene que el delegado realizó numerosas gestiones ante las instancias centrales. Y, sobre todo, ha confirmado la existencia de 19 mensajes intercambiados con un agente del CNI el 29 de julio, víspera de la entrada masiva, en los que figuraban advertencias sobre grupos organizados en redes sociales.

Es precisamente por eso por lo que la decisión de la jueza de reclamar la desclasificación de esos mensajes adquiere una importancia extraordinaria. Lo que contienen esos documentos puede ayudar a determinar qué se sabía, quién lo sabía, cuándo lo sabía y, sobre todo, qué se hizo después.

El Gobierno sostiene, entretanto, que las comunicaciones con el Ejecutivo ceutí fueron atendidas y ha hecho pública una relación de nueve llamadas entre los gabinetes de Ceuta y Moncloa entre el 27 y el 30 de julio. Esa versión también debe formar parte de la investigación. Pero atender una llamada no equivale necesariamente a resolver el problema planteado en ella. La pregunta esencial no es únicamente si hubo comunicación, sino qué decisiones se tomaron a partir de la información recibida. Y esa es la pregunta que Ceuta tiene derecho a formular.

Porque una ciudad autónoma situada en la frontera exterior de Europa no puede ser tratada como una periferia a la que se escucha cuando el problema ya ha estallado. La seguridad fronteriza, la capacidad de acogida y la respuesta ante una emergencia migratoria no pueden depender de que el Gobierno reaccionen cuando las imágenes de la crisis ya están en todas las pantallas.

La investigación judicial determinará responsabilidades. No nos corresponde anticipar sus conclusiones. Pero sí exigir que el Gobierno de Sánchez no se esconda detrás de una disputa de llamadas, agendas o versiones contrapuestas. Si hubo avisos suficientes y no se adoptaron las medidas necesarias, alguien tendrá que explicar por qué. Si las medidas sí fueron adoptadas, alguien tendrá que explicar cuáles fueron y por qué resultaron insuficientes. Y si existieron advertencias del CNI que llegaron a la Delegación del Gobierno y no fueron trasladadas correctamente, también habrá que esclarecerlo.

Ceuta no necesita relatos interesados. Necesita respuestas.

Porque cuando una frontera puede quedar desbordada en cuestión de horas, mirar hacia otro lado no es una opción. Es un fracaso que exige responsabilidades. La verdad, ahora, está en los informes, en los registros y en esos 19 mensajes que todavía permanecen bajo clasificación. Que se conozcan.