Infancia y radiografías
Ceuta ha cerrado 2024 con una cifra tan fría como reveladora: 465 pruebas forenses de determinación de edad, el máximo histórico desde que el Instituto de Medicina Legal abrió sus puertas. Detrás de cada una de esas pruebas hay un joven que cruzó la frontera sin papeles, sin referencias y sin red. Un número récord que no mide solo la carga de trabajo del IMLCF, sino también la persistencia de un fenómeno que define a esta ciudad más que cualquier estadística: la infancia migrante como reflejo de una frontera que no deja de poner a prueba la dignidad humana.
Los datos de la memoria forense no sorprenden, pero deberían incomodar. Ceuta es, junto a Melilla, el único territorio español donde ser menor puede convertirse en un expediente judicial. Cada radiografía de muñeca o TAC clavicular se convierte en una frontera más: la que separa la tutela de la exclusión. Y aunque las pericias son necesarias para evitar fraudes, también nos obligan a mirar el vacío institucional que hay detrás de esos adolescentes, casi siempre marroquíes, que llegan solos y acaban reducidos a una cifra decimal de edad media: 17,05 años.
El esfuerzo del Instituto de Medicina Legal merece reconocimiento. Su equipo soporta una carga de trabajo desproporcionada, con recursos limitados y una responsabilidad enorme: decidir si una persona es tratada como menor protegido o como adulto extranjero. Pero la presión no puede recaer únicamente sobre los forenses ni sobre la Fiscalía. Las instituciones también deben asumir esta realidad.
El informe forense también deja otra verdad incómoda: las muertes por ahogamiento siguen siendo el rostro más trágico de esta frontera. Veinte personas perdieron la vida en el mar el pasado año intentando alcanzar Ceuta. Este 2025 la cifra suma ya casi 40.
Detrás de cada cifra hay un cuerpo, un rostro, una historia. Las radiografías seguirán siendo necesarias, pero lo urgente es que la política y la humanidad dejen de estar en lados distintos del escáner.
