El jefe de gabinete dimite, pero los responsables están en Madrid
Si lo ocurrido en Ceuta fue, como dijo Pedro Sánchez el pasado día 31 de julio, un ataque y una violación de la integridad territorial de España, —algo que compartimos y defendemos— la responsabilidad política no puede terminar en el despacho de un jefe de gabinete. Ni siquiera en el del delegado del Gobierno. Debe llegar hasta La Moncloa y hasta el Ministerio del Interior.
La dimisión del jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta no puede servir para cerrar en falso una crisis que afecta a la seguridad nacional, a la integridad territorial de España y a la propia credibilidad del Estado en una de sus fronteras más sensibles.
Porque lo que está en cuestión no es un error administrativo, una deficiencia burocrática o una desafortunada cadena de WhatsApp. Lo que está en cuestión es cómo pudo producirse una entrada masiva de decenas de miles de personas en Ceuta y cómo respondió —o no respondió— el Estado ante una situación que terminó desbordando a la ciudad y poniendo a prueba sus capacidades de seguridad, emergencia y acogida. Y, sobre todo, quién asume la responsabilidad política.
Estos días hemos conocido que el jefe de gabinete recibió comunicaciones del CNI antes de los acontecimientos y que existe una controversia abierta sobre si esa información llegó o no al delegado del Gobierno. El jefe de gabinete ha terminado dimitiendo mientras el delegado sostiene que no fue informado de esas comunicaciones. Pero esta explicación, por sí sola, no puede satisfacer a nadie.
Porque un Estado serio no puede funcionar como una cadena de responsabilidades descendentes en la que, cuando algo falla, siempre acaba pagando el último eslabón. Si la información no llegó a quien debía recibirla, hay que explicar por qué. Si llegó y no se actuó adecuadamente, hay que explicar por qué. Si los protocolos eran insuficientes, hay que explicar por qué. Y si la magnitud de lo sucedido era imprevisible, como sostiene ahora el Gobierno, habrá que explicar igualmente qué previsiones existían ante una presión fronteriza que sí estaba siendo advertida. Los documentos desclasificados han confirmado que existían comunicaciones y avisos previos sobre un incremento de la presión migratoria, aunque no anticiparan necesariamente la dimensión final del episodio. Incluso El Pueblo de Ceuta vino informado desde los días previos de la brutal presión migratoria que sufría la ciudad.
Lo que no resulta admisible es que toda la responsabilidad política termine concentrándose sobre un jefe de gabinete. No. Una crisis de esta envergadura no es responsabilidad exclusiva de un cargo menor. Tampoco puede despacharse con la eventual responsabilidad de un delegado del Gobierno. La Delegación del Gobierno no es un Estado dentro del Estado. Es la representación del Gobierno de España en Ceuta. Y por encima de ella está el Ministerio del Interior. Y por encima del Ministerio del Interior está el presidente del Gobierno.
Fernando Grande-Marlaska es el responsable político último de la política de seguridad y de la protección de las fronteras que corresponden a su departamento. Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno de España y, por tanto, quien debe responder políticamente de la actuación global de su Ejecutivo ante una crisis de esta naturaleza.
No lo decimos nosotros. Lo dijo el propio Sánchez. Cuando el presidente del Gobierno calificó lo sucedido como un ataque y una violación de la integridad territorial de España, elevó automáticamente la cuestión a una categoría que excede con mucho la gestión ordinaria de la inmigración. Si fue un ataque contra la integridad territorial de España, ¿dónde está la responsabilidad política por la respuesta del Estado? ¿Dónde está la rendición de cuentas? ¿Quién responde por los fallos de coordinación? ¿Quién responde por las decisiones adoptadas antes, durante y después de la crisis? ¿Quién responde ante los ceutíes? No basta con señalar hacia abajo. No basta con encontrar a alguien que abandone su puesto. No basta con afirmar que nadie podía prever exactamente la dimensión de lo ocurrido…
Y tampoco basta con convertir la desclasificación de documentos en una operación de comunicación política destinada a zanjar el asunto. La publicación de los informes ha abierto precisamente más interrogantes sobre la cadena de información y la actuación de las distintas instituciones. Ceuta merece algo mucho más serio: verdad, responsabilidades y consecuencias políticas.
Ceuta es España. Su frontera es frontera española y europea. Y cuando esa frontera es desbordada de una manera sin precedentes, la respuesta no puede consistir en buscar al funcionario o personal de confianza que estaba más cerca del problema para cargar sobre él toda la culpa. Eso es sencillamente inaceptable.
El presidente del Gobierno y el ministro del Interior no pueden exigir confianza a los ciudadanos mientras rehúyen la responsabilidad política que corresponde a sus cargos. La dimisión de un jefe de gabinete no resuelve esta crisis. La dimisión de un delegado tampoco. Si Pedro Sánchez afirmó que lo ocurrido fue un ataque y una violación de la integridad territorial española, debe actuar en consecuencia. Y si Fernando Grande-Marlaska considera que la respuesta de Interior estuvo a la altura de semejante desafío, debe explicar por qué.
Si, como todo apunta, hubo fallos graves de previsión, coordinación, comunicación y respuesta institucional, entonces ha llegado el momento que Fernando Grande-Marlaska asuma responsabilidades al máximo nivel.
Ceuta no necesita un chivo expiatorio. Necesita responsables políticos. Y por eso Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska deben dimitir. No por razones partidistas. No para satisfacer a una oposición. No como gesto simbólico. Sino por una cuestión elemental de responsabilidad democrática: cuando un Gobierno define lo sucedido como un ataque contra la integridad territorial de España, sus máximos responsables políticos no pueden pretender que la factura la pague exclusivamente el último eslabón de la cadena. Porque Ceuta ya ha pagado demasiado.
