Jugar con fuego en Ceuta
El Gobierno de España ha decidido imponer a Ceuta una solución que la propia Autoridad Portuaria rechazó. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha firmado este sábado la orden que permite intervenir directamente en la gestión de una parte del puerto para instalar allí un dispositivo temporal destinado a la acogida de migrantes.
La decisión merece algo más que una discusión política. Merece una pregunta muy sencilla: ¿es realmente seguro y razonable colocar este dispositivo precisamente en ese lugar? Porque no estamos hablando de un espacio aislado. En las inmediaciones hay viviendas, establecimientos comerciales y un centro educativo. Y, sobre todo, existe un factor que debería obligar al Gobierno a extremar todas las precauciones: los depósitos de combustible de Ducar.
Este no es un detalle menor ni una circunstanciaque pueda despacharse con una explicación burocrática. Estamos hablando de una zona en la que se almacenan grandes cantidades de hidrocarburos. Colocar allí un dispositivo de acogida de estas características exige garantías de seguridad extraordinarias y perfectamente acreditadas. ¿Se ha realizado una evaluación específica de los riesgos? ¿Se han establecido nuevos perímetros deseguridad? ¿Habrá un refuerzo permanente de la vigilancia? ¿Qué protocolo se aplicará en caso deincendio, explosión o cualquier otra emergencia? ¿Cómo se garantizará una evacuación rápida y segura de las personas que se encuentren en el entorno y en el dispositivo?
El Gobierno tiene la obligación de responder a estas preguntas antes de poner en marcha la instalación. Porque decir que se trata de un dispositivo “temporal” no resuelve absolutamente nada. Un riesgo no deja de ser riesgo porque la instalación tenga fecha de caducidad.
Además, resulta especialmente preocupante que esta decisión se adopte después de que la Autoridad Portuaria de Ceuta rechazara el proyecto. Si el Gobierno considera que esa ubicación es segura, debe explicar por qué y aportar públicamente los informes técnicos que lo demuestren.
Y hay responsables políticos con nombres y apellidos. Óscar Puente ha firmado la orden. Elma Saiz, como responsable de la política de acogida, debe asumir también su responsabilidad política en esta decisión. Ambos deben responder ante los ceutíes y explicar qué garantías ofrecen para que esta actuación no genere un problema deseguridad en una zona especialmente sensible. Si algún día ocurriera una desgracia, nadie podría alegar desconocimiento. Los riesgos de la ubicación son perfectamente identificables hoy.
Ceuta puede y debe ser solidaria. La atención a las personas migrantes es una obligación humanitaria. Pero la solidaridad no puede plantearse enfrentándola a la seguridad de los vecinos, de los trabajadores portuarios, de los niños que acuden al centro educativo cercano o de las propias personas acogidas. El Gobierno tiene medios y alternativas para afrontar una emergencia migratoria. Lo que no puede hacer es convertir la urgencia en improvisación y trasladar a Ceuta las consecuencias de una decisión tomada desde Madrid.
Los depósitos de combustible de Ducar están ahí. Las viviendas están ahí. El centro educativoestá ahí. El puerto está ahí. Y si finalmente se instala el dispositivo en ese emplazamiento, Puente y Saiz deberán asumir toda la responsabilidad política por haberlo decidido. Porque cuando hablamos de combustible, de cientos de personas y de una zona urbana y portuaria tan próxima, no estamos ante una cuestión de comodidad administrativa. Estamos hablando de seguridad. Y con la seguridad de Ceuta no se juega. Es, sencillamente, jugar con fuego.
