Justicia a ciegas

Ceuta vuelve a ser noticia, y no precisamente por buenas razones. El nuevo modelo de Justicia aterriza en la ciudad con más prisas que explicaciones, dejando a funcionarios y profesionales en una especie de limbo organizativo. Cambios profundos, sí, pero sin información clara, sin calendario y sin una hoja de ruta reconocible. Y cuando se juega con un servicio público tan sensible, improvisar nunca es una buena idea.

El problema no es solo el qué, sino el cómo. Nadie discute que la Justicia necesita reformas, pero imponerlas sin hablar antes con quienes la sostienen a diario es, como mínimo, temerario. Hoy por hoy, en los juzgados de Ceuta no se sabe con certeza quién hará qué, con qué medios ni bajo qué estructura. La incertidumbre se ha convertido en rutina.

Desde el Senado se ha puesto el dedo en la llaga preguntando algo tan básico como incómodo: ¿es aceptable un cambio de este calibre sin planificación pública ni garantías laborales? La sensación general es que no. Más aún cuando no se ha reforzado previamente una plantilla ya tensionada ni se ha tenido en cuenta la realidad específica de Ceuta, con sus limitaciones y singularidades de sobra conocidas.

El riesgo es evidente. Sin medios suficientes ni control claro, el nuevo modelo puede traducirse en retrasos, desajustes y un servicio peor para el ciudadano. Y eso, lejos de modernizar la Justicia, la aleja aún más de la eficacia y la confianza que se le exige.

Ceuta no puede ni debe ser un banco de pruebas. Reformar sí, pero con cabeza, diálogo y respeto a quienes hacen funcionar la Administración cada día. Porque una Justicia desorientada no es progreso: es un problema añadido.