Lealtad, coordinación e interés general
El compromiso del Gobierno de España con Ceuta ante la gestión de los menores extranjeros no acompañados vuelve a ponerse de manifiesto con la aprobación del nuevo Real Decreto que actualiza la capacidad ordinaria del sistema de protección en todo el territorio. Una decisión que no solo tiene un alcance técnico o administrativo, sino que responde a una realidad compleja que la ciudad autónoma viene soportando desde hace años en primera línea de la frontera sur.
Ceuta no es un territorio más en esta ecuación. Su condición geográfica, su doble frontera terrestre con Marruecos y su papel como uno de los principales puntos de entrada a Europa la sitúan en una posición especialmente sensible. La presión sobre su sistema de protección de menores ha alcanzado en distintos momentos niveles que desbordan cualquier planificación razonable, obligando a la ciudad a operar en un contexto de emergencia permanente. En este escenario, la actualización de la capacidad ordinaria no es un gesto menor: es la base sobre la que se articula un mecanismo de respuesta solidaria que reconoce, por fin de manera estructural, la singularidad de Ceuta.
El nuevo sistema de contingencia migratoria extraordinaria, que se activa cuando una comunidad triplica su capacidad de acogida, introduce un principio esencial, el de la corresponsabilidad territorial. Ya no se trata de que unas pocas regiones soporten de forma casi exclusiva la presión migratoria, sino de distribuir de manera equilibrada la atención a menores extranjeros no acompañados entre todas las comunidades autónomas. Este enfoque refuerza la cohesión del Estado y evita que la frontera se convierta en un punto de colapso humanitario y administrativo.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado que el objetivo de la medida es garantizar el interés superior del menor. Este principio, recogido en el ordenamiento jurídico español y en los tratados internacionales, debe ser la guía de cualquier política pública en materia de protección infantil. En este sentido, la derivación de menores hacia la península no es solo una medida de alivio para Ceuta, sino también una garantía de que cada menor pueda acceder a recursos adecuados de atención, integración y acompañamiento.
El esfuerzo económico del Estado, con 230 millones de euros destinados a las comunidades autónomas en el último ejercicio, refuerza además la idea de un compromiso real y sostenido. No se trata únicamente de trasladar responsabilidades, sino de dotar a los territorios de los medios necesarios para ejercerlas con dignidad y eficacia. La política de acogida, cuando es efectiva, exige recursos, planificación y coordinación leal entre administraciones.
En el caso de Ceuta, este nuevo marco normativo supone un respaldo jurídico y operativo especialmente relevante. La ciudad ha venido reclamando durante años un sistema estable, previsible y solidario que le permita gestionar una realidad que la supera en capacidad estructural. La aprobación del Real Decreto avanza en esa dirección y ofrece un instrumento que, bien aplicado, puede reducir la tensión sobre sus recursos de protección y mejorar la atención a los menores.
