Lealtad en defensa de Ceuta y sus singularidades

Reunión entre la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.
Reunión entre la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. | CEDIDA
EL PUEBLO
24 feb 2026 - 02:08

La reciente reunión entre la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha dejado un mensaje claro y necesario, y es que la defensa de la frontera y el respaldo a quienes la custodian solo pueden construirse desde la lealtad institucional, el compromiso público y la cooperación real entre administraciones.

Ceuta no es una frontera más. Es una de las puertas de entrada a Europa y, al mismo tiempo, un escenario permanente de presión migratoria, desafíos humanitarios y tensiones operativas. Por eso, es fundamental la voluntad expresada por el delegado de mantener un diálogo fluido con las asociaciones profesionales y de trasladar sus demandas a los ministerios competentes merece ser reconocida, pues la lealtad institucional no consiste en eludir los problemas, sino en afrontarlos con responsabilidad, sin estridencias y con determinación, mientras que el compromiso público se demuestra escuchando a quienes conocen el terreno, a quienes cada día operan en el perímetro fronterizo y afrontan situaciones de elevada exigencia física y psicológica.

La frontera de Ceuta requiere algo más que respuestas coyunturales. Necesita planificación, inversión sostenida y una visión estratégica que combine seguridad y humanidad. Garantizar infraestructuras adecuadas, medios técnicos modernos y suficientes recursos humanos no es una reivindicación corporativa: es una obligación del Estado. Una frontera segura no solo protege la integridad territorial; protege también la vida de los migrantes, evita tragedias en el mar y reduce la actuación de redes que se aprovechan de la desesperación ajena.

Asimismo, resulta imprescindible dotar de seguridad jurídica a los agentes encargados de aplicar la normativa. No puede exigirse responsabilidad máxima sin respaldo normativo claro ni apoyo institucional firme. La seguridad operativa y la seguridad jurídica son dos caras de la misma moneda.

Por eso, defender la profesionalidad de los servidores públicos, exigir que cualquier acusación se canalice por los cauces legales y preservar la imagen de quienes cumplen con su deber es también una forma de fortalecer el Estado de Derecho.

Ceuta necesita una frontera segura, moderna y eficaz. Pero necesita también instituciones que trabajen unidas, desde la lealtad y el respeto mutuo. El compromiso manifestado por el delegado del Gobierno abre una etapa que debe consolidarse con hechos, inversiones y decisiones valientes. Porque la seguridad no es una consigna, es una responsabilidad compartida que exige liderazgo, coherencia y voluntad política.

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