Limpiar no es solucionar

Nos parece muy bien que el ministro Ángel Víctor Torres saque pecho por haber desmantelado los grandes campamentos de inmigrantes que se habían instalado en las costas de Ceuta. Faltaría más. Es lo mínimo que cabía esperar de un Gobierno que, después de 74 días desde la entrada masiva de finales de julio, todavía no ha sido capaz de devolver a esta ciudad la normalidad que perdió aquella fatídica jornada. Pero conviene dejar algo muy claro: quitar a los inmigrantes de la vista no significa haber solucionado el problema. Que ya no estén en las playas no quiere decir que hayan desaparecido de Ceuta. Simplemente, ahora están en otros lugares.

Porque la realidad, por mucho que se empeñen en adornarla desde Madrid, es que siguen quedando miles de inmigrantes en nuestra ciudad. Y ese es el verdadero problema que el Gobierno de Pedro Sánchez continúa sin resolver. No basta con desalojar asentamientos, trasladar personas de un lugar a otro y anunciar que se han cumplido los objetivos cuatro días antes de lo previsto. El éxito no se mide por las playas que quedan vacías, sino por la capacidad de recuperar la normalidad en las calles y barriadas de Ceuta. Y para eso hace falta bastante más que autobuses, dispositivos policiales y declaraciones triunfalistas.

Han pasado 74 días. ¡Setenta y cuatro! Tiempo más que suficiente para que el Ejecutivo hubiera impulsado medidas extraordinarias, reforzado los mecanismos administrativos y agilizado los procedimientos de devolución y expulsión de quienes no tienen derecho legal a permanecer en España. Siempre con las garantías que establece la ley, por supuesto, pero también con la firmeza que exige una situación absolutamente excepcional. Quien tenga derecho a protección internacional deberá recibirla; quien no reúna los requisitos legales para quedarse deberá regresar a su país mediante los procedimientos correspondientes. Lo que no puede convertirse en una solución permanente es mantener a miles de personas en una ciudad de apenas 19 kilómetros cuadrados, esperando indefinidamente a que alguien tome decisiones.

Y aquí está la gran responsabilidad política que Ángel Víctor Torres y el Gobierno de Sánchez parecen querer esquivar. Fallaron cuando se produjo la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, cuando Ceuta necesitaba una respuesta inmediata, contundente y coordinada. Y siguen fallando ahora, porque no han demostrado la misma rapidez para resolver la situación administrativa de los migrantes que para desmontar los campamentos. Si los mecanismos actuales son insuficientes, que los refuercen; si faltan medios, que los aporten; y si es necesario modificar la legislación dentro del marco constitucional y europeo, que promuevan los cambios oportunos. Lo que no pueden hacer es presentar como una victoria lo que, después de casi dos meses y medio, debería estar mucho más avanzado.

Ceuta no necesita que le maquillen la realidad ni que le vendan fotografías de playas vacías como si todo hubiera terminado. Necesita recuperar su seguridad, su tranquilidad, sus espacios públicos y, sobre todo, la confianza en unas instituciones que tienen la obligación de protegerla. Los ceutíes han soportado demasiado durante estos 74 días como para conformarse ahora con una solución a medias. No debe quedar ninguna persona en situación irregular sin que se resuelva su expediente y, cuando legalmente proceda, se ejecute su retorno. Porque la normalidad no se recupera escondiendo las consecuencias de una crisis, sino resolviendo sus causas y sus efectos. Y mientras eso no ocurra, por mucho que Torres quiera celebrar el final de los campamentos, Ceuta seguirá esperando que el Gobierno de España haga, de una vez por todas, su trabajo.