Que no paguemos los ciudadanos

A nadie se le escapa que a medida que van pasando los días, el contexto internacional es cada vez más inestable, debido a los delirios de algunos dirigentes internacionales, y por ello es necesario poner en valor que el Gobierno de la Nación haya decidido mover ficha con un paquete económico potente para amortiguar el golpe de la guerra en Irán. Y, aunque ninguna medida es perfecta, hay algo que sí parece claro: intentar que la factura no recaiga directamente sobre los ciudadanos es, como mínimo, el camino correcto.

La rebaja de impuestos en la luz, el gas y los carburantes llega en un momento clave. No es solo una cuestión técnica o económica, es algo que se nota en el día a día: en la cesta de la compra, en llenar el depósito o en pagar la factura a final de mes. Que el Estado renuncie a parte de sus ingresos para aliviar esa presión es una decisión que, guste más o menos, responde a una lógica social bastante evidente.

También es acertado poner el foco en los sectores más golpeados, como el transporte o el campo. Sin estas ayudas directas, el encarecimiento del combustible acabaría trasladándose en cadena a todos los precios. Es decir, lo acabaríamos pagando igual, pero de forma más silenciosa. Frenar ese efecto dominó no solo protege a quienes producen, sino también a quienes consumen.

Ahora bien, lo más interesante del plan no está solo en apagar el incendio, sino en intentar que no vuelva a producirse con tanta intensidad. Apostar por renovables, autoconsumo y menor dependencia exterior no es solo una respuesta a esta crisis, sino una inversión en tranquilidad futura. Y ahí es donde realmente se juega la partida a largo plazo.

Porque, al final, la cuestión de fondo es sencilla: los ciudadanos no deberían cargar con las consecuencias de conflictos que no han provocado. Y aunque el escudo no sea perfecto ni infalible, al menos marca una intención clara: que, esta vez, el golpe no llegue limpio al bolsillo de la gente.