Notario de la verdad frente a la desidia de Moncloa
Cuando lo que está en juego no es un puñado de votos, sino la estabilidad socioeconómica, la seguridad de nuestras fronteras y la propia integridad territorial de una Ciudad Autónoma, mentir deja de ser una estrategia comunicativa para convertirse en un acto de deslealtad institucional imperdonable. Esto es exactamente lo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha cometido con Ceuta en la antesala y durante la trágica jornada del 30 de julio.
Durante semanas, desde los despachos de La Moncloa y del Ministerio del Interior se ha intentado imponer un relato prefabricado y tramposo: el de un Gobierno central atento y diligente que reaccionó de inmediato, frente a un Ejecutivo local al que pretendieron retratar como exagerado o inactivo. Dijeron que atendieron “todas las llamadas” y redujeron los contactos a meras conversaciones rutinarias motivadas por un simple y leve repunte migratorio.
Ahora, la verdad ha quedado al descubierto de manera incontrovertible. Con la contundencia de los hechos y la máxima garantía jurídica, el presidente Juan Vivas ha acudido al notario para registrar acta de la abrumadora secuencia de avisos: más de 20 comunicaciones desesperadamente emitidas por la Ciudad entre el 26 y el 30 de julio. Diez llamadas directas entre gabinetes de las cuales Moncloa solo tuvo a bien responder tres —una de ellas de apenas un minuto de duración—; llamadas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sistemáticamente desatendidas o excusadas; y una clamorosa sordera institucional ante los gritos de auxilio que alertaban de una auténtica e inminente crisis de Estado.
La cronología notarial revela un contraste sangrante que debe indignar a cualquier ceutí. Mientras el presidente Vivas y su jefe de Gabinete, Pablo Garcia, llamaban incansablemente a todas las puertas y urgían desde el domingo 26 la declaración de la emergencia nacional, el establecimiento de un mando único y el refuerzo de los efectivos en la frontera, Pedro Sánchez y Grande-Marlaska alegaban estar ocupados. No fue hasta que la invasión migratoria desbordó el Tarajal y las desgarradoras imágenes abrieron los informativos nacionales cuando en Moncloa decidieron, por fin, coger el teléfono al presidente de todos los ceutíes. Una llamada a regañadientes y a rastras de la presión mediática.
Sorprende —o tal vez no— la ligereza con la que Sánchez ha pretendido minusvalorar la gravedad de lo advertido por Ceuta, argumentando que solo se le notificó “decenas” de entradas. Miente Moncloa. Lo sabía la secretaria de Estado de Seguridad desde el primer día; lo denunció públicamente el propio Vivas advirtiendo en rueda de prensa de que íbamos camino de revivir la pesadilla de mayo de 2021; y lo advirtió la Junta de Portavoces de la Asamblea. Incluso lo contamos en nuestras portadas de esos días. Todo estaba previsto, todo fue avisado, todo fue ignorado.
Ceuta ha actuado con la máxima lealtad, responsabilidad y rigor institucional. La Ciudad Autónoma ha demostrado tener la compostura y la seriedad que le han faltado al Ejecutivo central. Acudir al notario no ha sido un gesto de confrontación política, sino un ejercicio imprescindible de legítima defensa para blindar la verdad frente a la maquinaria de propaganda de Pedro Sánchez.
El Gobierno de España no puede seguir tratando a Ceuta como una frontera de segunda categoría ni a sus ciudadanos como españoles a los que se puede desatender mientras se busca una excusa política. Exigimos la asunción de responsabilidades por este abandono programado y un compromiso real, inmediato y sin fisuras con la seguridad y el futuro de nuestra tierra. Ceuta cumplió avisando; ahora le toca a Moncloa pedir perdón y asumir responsabilidad por dar la espalda a esta ciudad en su momento más crítico.
