Las obligaciones del Estado
Hay momentos en los que una ciudad necesita que alguien diga las cosas con claridad. Y la Cámara de Comercio de Ceuta acaba de hacerlo.
Su diagnóstico no admite paños calientes: la entrada masiva registrada en Ceuta ha provocado una alteración extraordinaria de la actividad económica, ha obligado a numerosos negocios a cerrar o reducir drásticamente su actividad y ha deteriorado la imagen de una ciudad que llevaba años intentando consolidarse como un territorio seguro, abierto y atractivo para residentes, visitantes e inversores.
Las cifras son suficientemente contundentes como para que nadie pueda mirar hacia otro lado. La Cámara estima en 27,7 millones de euros las pérdidas que puede sufrir la economía ceutí durante agosto si la situación se prolonga. Son 7,7 millones derivados de los primeros días de paralización o actividad mínima, 10,2 millones asociados al impacto de la suspensión de las fiestas y otros 10,4 millones correspondientes al deterioro de la campaña de verano. Y la propia institución advierte de que se trata de una estimación prudente, que ni siquiera incorpora plenamente otros efectos como el perjuicio sobre el transporte, la recaudación pública o el daño reputacional.
Esto no es una abstracción estadística. Detrás de esos millones hay autónomos, pequeños comerciantes, trabajadores, hoteles, restaurantes, taxistas, proveedores y familias que viven de una economía especialmente vulnerable. El 99 % del tejido productivo ceutí está compuesto por autónomos y micropymes. Para muchas de ellas, varios días de incertidumbre no son una incomodidad: pueden convertirse en una amenaza para su supervivencia.
Por eso hay que respaldar sin ambages la posición de la Cámara. Ceuta no puede ser rehén de ninguna circunstancia ni moneda de cambio de las relaciones entre España y Marruecos. Los ceutíes tienen derecho a vivir, trabajar, abrir sus negocios y desarrollar su actividad económica con las mismas garantías que cualquier otro ciudadano español. No es una reivindicación extraordinaria. Es lo mínimo exigible a un Estado de derecho.
La primera obligación del Estado es garantizar la seguridad. Y garantizarla no significa criminalizar a quien llega, sino asegurar que las leyes se cumplen, que las fronteras están bajo control y que las situaciones administrativas se resuelven con rapidez, con medios suficientes y dentro del marco legal. Si existen personas cuya permanencia en España no es legalmente posible, corresponde a las autoridades ejecutar las decisiones que procedan. No puede recaer sobre Ceuta, sus empresarios y sus ciudadanos el coste de una gestión ineficaz o demorada.
La segunda obligación es impedir que vuelva a suceder. Porque ese es precisamente el punto que no puede perderse de vista. Ceuta ya vivió una crisis de características extraordinarias en 2021. Cinco años después, vuelve a encontrarse ante una situación que afecta a su seguridad, a su economía y a su reputación. No basta con apagar el incendio cada vez que se produce.
Hace falta una política de Estado para Ceuta. Una política que asuma de una vez por todas la singularidad de esta ciudad: frontera exterior de la Unión Europea, territorio español situado en el norte de África y economía extraordinariamente dependiente de los flujos fronterizos, marítimos y turísticos.
No podemos aceptar que cada crisis termine con Ceuta pagando la factura. Y tampoco podemos conformarnos con las habituales declaraciones de solidaridad, los anuncios de ayudas o las visitas institucionales una vez que el problema ya se ha producido. La Cámara acierta al reclamar medidas inmediatas para las empresas afectadas, pero también al exigir medidas estructurales que devuelvan competitividad a la economía ceutí. Bonificaciones sociales, fiscalidad adecuada, inversiones, fondos europeos y medidas específicas para un territorio que no puede competir en igualdad de condiciones con cualquier ciudad de la Península no son privilegios: son instrumentos para compensar una situación objetiva de desventaja.
Hay además otro daño que resulta más difícil de cuantificar y que puede ser todavía más duradero: el daño a la imagen de Ceuta. Una ciudad puede perder millones en cuestión de días. Recuperar la confianza de un turista, de una empresa o de un inversor puede llevar años.
Durante mucho tiempo, las instituciones ceutíes han trabajado para proyectar una imagen de ciudad segura, moderna, abierta y con oportunidades. Esa construcción no puede quedar destruida cada vez que una crisis fronteriza irrumpe en nuestras calles. Si el Estado considera estratégica a Ceuta, debe actuar también para proteger su reputación. Y eso exige un plan específico de recuperación turística y empresarial, como ha planteado la Cámara.
La respuesta, por tanto, no puede limitarse a contar pérdidas. Debe servir para marcar un antes y un después. Ceuta necesita seguridad. Ceuta necesita la expulsión de todos y cada uno de los marroquíes que entraron los días 30 y 31 de julio. Necesita control efectivo de su frontera. Necesita que las decisiones administrativas y judiciales se ejecuten. Necesita protección para sus empresarios y trabajadores. Necesita compensación para quienes han sufrido pérdidas extraordinarias. Necesita recuperar visitantes, inversiones y confianza. Y, sobre todo, necesita la certeza de que una situación como esta no volverá a utilizarse como mecanismo de presión sobre la ciudad.
La Cámara de Comercio ha hablado en nombre de un tejido empresarial que estos días ha sufrido directamente las consecuencias de una crisis que no ha provocado. Su mensaje merece ser escuchado, no relativizado. Porque defender al comercio ceutí no es defender un interés particular frente al interés general. Es defender la normalidad de Ceuta.
Y defender la normalidad de Ceuta significa exigir al Estado que cumpla con su primera responsabilidad: garantizar que en esta ciudad se pueda vivir, trabajar, invertir y emprender con seguridad. Ceuta no pide privilegios. Ceuta exige que no la vuelvan a dejar sola.
