Lo obvio no basta cuando Ceuta está desbordada
Hay declaraciones que, lejos de tranquilizar, evidencian el tamaño del problema. Que la ministra de Infancia, Sira Rego, afirme en Ceuta que “se va a atender a todos los menores” debería ser tan obvio que ni siquiera tendría que formar parte de un titular. El Estado tiene la obligación legal y moral de proteger a cualquier niño o niña que llegue a territorio español. No es una promesa política. Es su deber.
No es criticable por tanto que la ministra diga que se les va a atender. Lo preocupante es que no explique cómo, con qué recursos, con qué calendario y con qué personal. Porque las palabras, cuando la realidad las desmiente a apenas cien metros de distancia de donde se encontraba la ministra, pierden todo su valor.
Mientras la ministra comparecía ante los medios, a escasos metros se agolpaban centenares de menores esperando una respuesta que no llega. Niños y adolescentes hacinados frente a la comisaría de policía nacional, sin una identificación completa, sin traductores suficientes, sin trabajadores sociales en número adecuado y con unos servicios absolutamente desbordados. Esa es la imagen real de Ceuta. Esa era la fotografía que acompañaba a las declaraciones institucionales de la ministra.
Resulta difícil comprender que, después de más de una semana desde el inicio de esta nueva crisis, el Estado siga sin ser capaz de responder a una pregunta tan básica como cuántos menores hay realmente en Ceuta. Si ni siquiera existe una cifra clara, ¿cómo puede hablarse de planificación? ¿Cómo se organizan los recursos? ¿Cómo se garantiza una atención digna?
No faltan únicamente plazas. Faltan funcionarios especializados. Faltan traductores. Faltan psicólogos, educadores, trabajadores sociales y personal administrativo capaz de registrar, identificar y atender a quienes llegan. En definitiva, falta Estado.
Y mientras tanto, la sensación que transmite el Gobierno es la de unas prioridades difíciles de explicar. No parece razonable que España pueda movilizar un importante dispositivo policial para proteger las vacaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Canarias mientras Ceuta continúa reclamando, casi en solitario, más manos para atender a cientos de niños y adolescentes que dependen exclusivamente de la respuesta de las administraciones públicas. No se trata de cuestionar la seguridad institucional, sino de preguntarse si el mismo nivel de necesidad y urgencia se está aplicando donde hoy existe una emergencia humanitaria y administrativa evidente.
Ceuta no necesita más declaraciones de buenas intenciones. Necesita decisiones. Necesita efectivos. Necesita medios. Necesita coordinación. Y, sobre todo, necesita que el Gobierno deje de presentar como un anuncio extraordinario aquello que constituye la obligación más elemental de cualquier Estado de derecho… proteger a los menores.
Porque decir que se va a atender a todos los niños es lo mínimo. Lo verdaderamente importante es demostrar que se puede hacer y que se está haciendo. Y, hoy por hoy, esa respuesta sigue sin aparecer.
