Un país que funcione… ¿es mucho pedir?

Ceuta mira a la Península con la misma mezcla de indignación y dolor que el resto del país, pero con la insoportable constatación de quien tantas veces se siente relegado a la orilla de la desatención institucional. Lo ocurrido este miércoles en Urda no es una fatalidad aislada ni un infortunio caprichoso del destino: es el síntoma lacerante de un colapso sistémico que ya se cobra demasiadas vidas mientras los despachos oficiales se refugian en la trinchera del cinismo y el tacticismo político.

En menos de diez meses, España ha asistido inerte a dos tragedias ferroviarias de dimensiones inaceptables: la de Adamuz, con 46 víctimas mortales, y la de Urda, con al menos 69 vidas truncadas. Ante semejante desolación, lo que impera es un silencio cómplice institucional y una huida hacia adelante. Van pasando las horas y los familiares de los desaparecidos buscan con desesperación cualquier rastro, aferrados al recuerdo y a la esperanza, mientras el ministro Óscar Puente descarta una dimisión inmediata y aplaza sus explicaciones hasta el próximo martes en la Diputación Permanente, acorralado únicamente por la presión de sus socios.

La gravedad de los hechos es ensordecedora. El CEO de Iryo alertó veintitrés días antes del accidente de que los fallos del sistema LZB dejaban sus trenes inmovilizados. Había avisos claros, advertencias técnicas sobre la mesa, y aun así, parece no pasar nada. Óscar Puente acumula tres años en el cargo con más de un centenar de muertes a sus espaldas, mientras su antecesor en el Ministerio, José Luis Ávalos, se encuentra en la cárcel. Pero para este Ejecutivo, la rendición de cuentas es opcional.

A este Gobierno le dan igual los hechos, siempre y cuando pueda manejar el relato. La hoja de ruta es idéntica a la que sufrimos en episodios anteriores. Lo vimos durante la pandemia, cuando una crisis sanitaria inapelable se gestionó como un simple gabinete de crisis reputacional. Lo vivimos durante la DANA y su cínico desprecio institucional resumido en el “si necesitan ayuda que la pidan”. Y lo sufrimos muy de cerca aquí en Ceuta, cuando ante los acuciantes problemas estructurales y de seguridad tras los sucesos del 30 de julio, el presidente del Gobierno despachó el asunto con una displicente patada hacia adelante: “Eso, a Vivas”.

El volcán, la DANA, el apagón, Adamuz, Ceuta… cada noticia que conocemos pone de manifiesto que nada funcionó en su momento y, lo que es infinitamente peor, que todo sigue funcionando mal.

Da igual que la corrupción asfixie las instituciones, que la cesta de la compra sea un lujo inaccesible, que el acceso a la vivienda sea una quimera para los jóvenes o que el Estado sea incapaz de garantizar el orden público ante la violencia en las calles. La maquinaria gubernamental parece blindada ante la realidad, habituada a que no pase nada. Pero la realidad, terca y trágica, sí pasa. Se lleva vidas en las vías, ahoga a los ciudadanos en su día a día y erosiona los cimientos de nuestra convivencia.

Por eso ha llegado la hora de exigir lo obvio, lo elemental, aquello por lo que clama una ciudadanía hastiada. Necesitamos un país que funcione… Un país que funcione. Unos servicios públicos que funcionen. Un Gobierno que funcione y que, de una vez por todas, asuma la responsabilidad política de sus actos. ¿Es de verdad mucho pedir?