La presión migratoria exige una respuesta nacional
La imagen del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta al 180 % de su capacidad es el reflejo de una realidad que interpela directamente al Estado. Ceuta no puede ni debe afrontar en solitario una presión migratoria que, por su propia naturaleza, trasciende lo local y exige una respuesta nacional firme, coordinada y sostenida en el tiempo.
Ser frontera sur de Europa no puede convertirse en una condena estructural. La condición geográfica de Ceuta -puerta terrestre entre África y territorio español- no justifica que la ciudad soporte de manera casi permanente una sobrecarga asistencial, social y logística que desborda sus recursos. La migración irregular es un fenómeno complejo, vinculado a factores internacionales, económicos y humanitarios. Por tanto, su gestión compete al conjunto del Estado.
El esfuerzo de los profesionales que trabajan en el CETI, de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de los servicios sanitarios es incuestionable. Pero ningún compromiso individual puede suplir la necesidad de una planificación estructural. La sobreocupación no solo tensiona la capacidad material de las instalaciones; compromete también la dignidad de las personas acogidas y genera un desgaste creciente en la ciudad.
La respuesta del Gobierno central debe ser clara y visible. No bastan los traslados puntuales a la península cuando las llegadas continúan a un ritmo elevado. Es imprescindible reforzar de manera estable los mecanismos de derivación, incrementar recursos humanos y materiales y anticipar escenarios de repunte. Ceuta necesita previsión, no improvisación.
Además, el mensaje político es determinante. La presencia firme del Estado no puede limitarse a declaraciones de coordinación interministerial. Debe traducirse en hechos tangibles con más medios, más personal, más inversión y una estrategia migratoria que reconozca explícitamente que Ceuta es una cuestión de Estado.
No se trata de eludir responsabilidades ni de negar la dimensión humanitaria del fenómeno migratorio. Al contrario, garantizar condiciones dignas de acogida exige aliviar la presión sobre el territorio que la soporta. Defender a Ceuta es, precisamente, defender una gestión más justa y más humana.
La ciudad autónoma no puede seguir siendo el dique de contención permanente por el simple hecho de ser frontera. España debe asumir, con determinación, que la protección de sus límites y la atención a quienes llegan es una tarea colectiva. Y eso implica actuar con urgencia, con recursos suficientes y con una presencia inequívoca del Estado.
Ceuta no pide privilegios. Exige equilibrio, corresponsabilidad y respaldo real. Porque cuando una frontera se desborda, no es solo un problema local, es un desafío nacional.
