Un primer paso no basta
El desalojo y traslado de las personas que permanecían en los asentamientos improvisados y su derivación a los puntos de acogida habilitados constituye un paso necesario. Pero sería un grave error presentarlo como la solución a una crisis que dista muchísimo de estar resuelta.
Lo fundamental sigue pendiente: el retorno a Marruecos de quienes no tengan derecho a asilo. Y, sobre todo, explicar a los ciudadanos de Ceuta cuál es exactamente el plan del Gobierno para hacerlo. Porque a estas alturas las preguntas son demasiadas y las respuestas, escasas.
Las personas trasladadas a los dispositivos temporales, ¿van a tener libertad de movimiento? Si es así, ¿qué medidas concretas se van a adoptar para garantizar la seguridad y la convivencia en los barrios y zonas donde se han instalado estos dispositivos? No basta con habilitar espacios de acogida. Hay que explicar quién los controla, bajo qué régimen funcionan y cómo se va a evitar que una situación excepcional termine trasladándose a los vecinos.
Hay otra cuestión todavía más urgente: quienes siguen fuera de esos dispositivos. Personas que permanecen escondidas en montes, calles y barriadas de Ceuta, algunas desde hace semanas. ¿Qué va a hacer el Gobierno con ellas? ¿Existe un dispositivo específico y coordinado de Policía Nacional, Guardia Civil y servicios sociales para localizarlas, identificar su situación y ofrecerles la atención que corresponda? ¿O se va a esperar simplemente a que aparezcan por sus propios medios?
Y hay una pregunta de fondo que tampoco puede seguir evitándose: ¿qué circunstancias concretas alegan los marroquíes que están solicitando protección internacional? Marruecos no es un país en guerra ni atraviesa una situación generalizada de hambruna o persecución política. España, además, lo considera un país seguro a todos los efectos. Es precisamente por eso por lo que se debe inadmitir desde el principio aquellas solicitudes que no presenten indicios suficientes de necesidad de protección.
La protección internacional es un derecho fundamental. No es, sin embargo, un mecanismo para prolongar indefinidamente una situación de irregularidad cuando no concurren las circunstancias previstas por la ley. Y si existen solicitudes manifiestamente infundadas, el Estado debe disponer de procedimientos eficaces para resolverlas con rapidez y, cuando corresponda, ejecutar el retorno. Ceuta no puede quedar atrapada en una espera indefinida.
Por eso el Gobierno debe responder a una pregunta elemental: ¿tiene una fecha objetivo para haber resuelto la situación de las personas que llegaron el 30 de julio y que finalmente no tengan derecho a permanecer en España? Y una segunda, todavía más concreta: ¿tiene previsto un procedimiento acelerado para resolver aquellas solicitudes que, tras el examen individual correspondiente, resulten manifiestamente infundadas y proceder al retorno cuando legalmente corresponda?
No pedimos atajos. Pedimos ley, planificación y transparencia. Y sobre todo rapidez. Ceuta ha soportado durante semanas una situación extraordinaria que ha afectado a la convivencia, a la seguridad y a la capacidad de los servicios públicos. Los ceutíes tienen derecho a saber qué va a ocurrir mañana, pero también cuándo terminará esta situación.
El traslado de ayer puede ser un primer paso. Nada más. Ahora hace falta lo verdaderamente importante: identificar, resolver, ordenar y… devolver. Y hacerlo con un calendario, con medios suficientes y con explicaciones claras.
Porque un dispositivo de acogida no puede convertirse en una solución provisional permanente. Y la provisionalidad, en Ceuta, no puede ser el nombre que reciba la falta de una respuesta definitiva.
