Un puerto abandonado
Más de cien días después de la invasión de Ceuta, lo que está ocurriendo en el puerto de la ciudad es sencillamente inadmisible. Más de 2.100 incidencias de seguridad, un incremento superior al 1.700 % respecto al año anterior y unas instalaciones que parecen haberse convertido en el ejemplo perfecto de cómo una situación excepcional puede terminar descontrolándose. Lo verdaderamente escandaloso no es solo la magnitud de las cifras, sino que, después de tanto tiempo, sigamos hablando de problemas que deberían haberse resuelto hace semanas. ¿Hasta cuándo tendrá que soportar Ceuta esta situación?
Pero hay algo todavía más grave. Los informes de la propia Autoridad Portuaria advierten de que los asentamientos levantados en la Ampliación de Poniente comprometen unas obras valoradas en 3,35 millones de euros y vinculadas a fondos europeos. Es decir, que además de soportar las consecuencias de una crisis que no provocó, Ceuta se enfrenta al riesgo de perder financiación para mejorar sus infraestructuras. Sería el colmo que una ciudad necesitada de inversiones terminara pagando también esta factura por una gestión que, a la vista de las advertencias técnicas, deja mucho que desear.
Y por si fuera poco, conocemos que la Autoridad Portuaria tuvo que reclamar en dos ocasiones documentación tan elemental como los proyectos de las instalaciones, los planes de seguridad, las medidas contra incendios o las autorizaciones de los suministros. ¿Cómo es posible que se ejecutaran instalaciones antes de completar las comprobaciones previstas? ¿Quién asumió esa responsabilidad? ¿Se han corregido ya las deficiencias? Son preguntas que el Ministerio de Migraciones debería responder sin rodeos. Porque la urgencia humanitaria no puede servir de coartada para saltarse controles ni para convertir la improvisación en una forma habitual de gobernar.
Mientras tanto, los trabajadores portuarios, los servicios de seguridad y los propios ceutíes siguen conviviendo con las consecuencias de una crisis que parece no tener fecha de caducidad. Que se haya tenido que solicitar un retén permanente de bomberos y reforzar extraordinariamente la vigilancia debería bastar para comprender la gravedad del problema. Nadie discute la obligación de atender a quienes necesitan ayuda, pero esa responsabilidad no puede ejercerse a costa de poner en riesgo la seguridad, paralizar inversiones o hipotecar el funcionamiento de una infraestructura esencial para Ceuta.
Ya está bien de normalizar lo que no es normal. El Gobierno central debe asumir sus responsabilidades, explicar qué medidas ha adoptado y poner sobre la mesa soluciones con fechas y compromisos concretos. Ceuta no puede seguir siendo el lugar donde se improvisa primero y se buscan explicaciones después. Han pasado más de cien días y la paciencia tiene un límite. Lo que necesita esta ciudad no son más discursos tranquilizadores, sino hechos. Y, sobre todo, que alguien responda por lo que está ocurriendo.
